De nuevo, el viacrucis

 

La Semana Santa está todavía a varios días de distancia, pero para miles de colombianos el equivalente del viacrucis ya comenzó. Todo por cuenta de la intensificación del invierno, que ha comprobado que es cierto aquel dicho popular que afirma que ‘en abril, aguas mil’. Y es que una vez más, en un buen número de departamentos y en decenas de pueblos y ciudades los desastres están de vuelta.

Aparte de las viviendas inundadas y los enseres destruidos también han llegado los saldos trágicos, como lo demuestran las avalanchas que han sepultado familias enteras o la creciente que arrastró a un bus con pasajeros en las afueras de Manizales.

Lo sucedido, valga la pena decirlo, no es sorpresivo. Desde hace meses las autoridades habían dicho que las precipitaciones regresarían y el Ideam advirtió, en su momento, que el fenómeno climático de ‘La Niña’ seguía activo.

Eso se traduce en niveles de pluviosidad muy superiores al promedio histórico, con el agravante de que los terrenos se encuentran saturados de humedad y los ríos están crecidos, por lo cual el margen de maniobra es menor que antes.

Semejante realidad aumenta la presión sobre los entes del Estado encargados de responder a la emergencia. De un lado, el Fondo de Calamidades tiene que volver a activar sus procedimientos de respuesta rápida, con el fin de llegar con alimentos y ayudas a las zonas más afectadas. Del otro, gobernadores y alcaldes están en la obligación de hacer sonar las alarmas a tiempo, para prevenir tantos desastres como sea posible, incluyendo la evacuación obligatoria de algunas áreas de alto riesgo.

Al mismo tiempo que eso ocurre, es necesario aprender de las experiencias que dejó la crisis de finales del 2010, cuando los sistemas de reacción fueron puestos a prueba. A pesar de la caída de un buen número de los decretos expedidos al amparo de los mecanismos de excepción que prevé la Constitución, la verdad es que el ordenamiento institucional es más fuerte y que existen recursos disponibles para responder, si bien es indispensable que el Congreso le dé luz verde al proyecto de adición presupuestal por 5,7 billones de pesos, que fue presentado con mensaje de urgencia, hace pocas semanas.

Por otra parte, el Ejecutivo debe mejorar sus sistemas de comunicación sobre este tema, ojalá mediante la designación de un vocero que informe a la opinión. No hay duda de que se han hecho esfuerzos importantes en los últimos meses, pero la verdad es que hace falta un reporte completo que describa los avances y cuantifique tanto la población atendida como los recursos utilizados. Sólo así será posible hacerle seguimiento al esfuerzo gubernamental e identificar las áreas en las que se presentan atrasos en la atención de las necesidades.

A la vez que eso pasa, hace falta una hoja de ruta sobre los planes de reconstrucción. El caso de Gramalote, el municipio de Norte de Santander que tuvo que ser evacuado a finales del año pasado debido a una falla geológica, constituye una prueba fehaciente de la lentitud a la hora de responder.

Cinco meses después, no se ha definido el terreno en que se construirá el nuevo casco urbano y, mucho menos, los planes arquitectónicos para ser discutidos con la comunidad. Tampoco se conocen los resultados del estudio que hicieron el BID y la Cepal, que serviría para calcular el esfuerzo financiero, necesario para la reparación y rehabilitación de las viviendas y la infraestructura dañada. Todo lo anterior requiere de liderazgo al más alto nivel.

Reconociendo la preocupación que existe en la Casa de Nariño y en los ministerios, el desafío es convertir las promesas hechas en obras tangibles, para que las urgencias no vuelvan a copar la capacidad de respuesta estatal y empiecen a avanzar las soluciones que demanda el cambio climático.