Oportunidad con riesgos
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Cuando, a comienzos de este año, el Presidente de la República sancionó la ley que les dio vida a las Asociaciones Público-Privadas (APP), más de un conocedor pronosticó que se estaba abriendo una puerta que le permitiría al país cerrar con más velocidad la inmensa brecha que tiene en infraestructura.
Sin embargo, ni siquiera los más optimistas estaban preparados para la avalancha de iniciativas que han llegado a diferentes instancias, una vez fue expedido el decreto, a mediados del 2012.
Y es que según las cuentas preliminares, hay cerca de 60 propuestas radicadas.
De ese total, 26 están en el Gobierno Nacional, 28 en la Alcaldía de Bogotá y un par en Boyacá. Igualmente, hay reportes de ideas en marcha en Cali, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Bucaramanga.
Entre lo que se ha presentado está la posibilidad de renovar completamente la zona de El Campín en la Capital, y que incluiría un nuevo coliseo y un estadio de fútbol.
También está un tramo de la autopista al Llano o un corredor férreo en Santa Marta. Hasta ahora se habla de recursos por 8 billones de pesos, aunque el potencial es de varias veces esa suma.
El motivo es que, contra lo que se pudiera creer, bajo el paraguas de las APP caben muchas cosas, pues el esquema favorece el desarrollo, la operación y el mantenimiento de los bienes públicos por parte del sector privado.
Así, tanto la construcción de un edificio, como la de una carretera, o la administración de un software, entran dentro de la categoría.
La diferencia fundamental con los esquemas conocidos es que el pago solo se hace cuando la infraestructura entra en funcionamiento. Dicho de otra manera, no hay anticipos ni giros sobre entregas parciales.
Por tal razón, las llamadas a hacer parte de las Alianzas son aquellas compañías que tengan un importante volumen de recursos propios o acceso al mercado de capitales.
Para hablar con franqueza, quien quiera hacer negocios con la cédula no tiene mucho que hacer.
Debido a ello, los expertos en el tema insisten en que este no es un negocio de constructores o proveedores, sino de estructuradores financieros. Como las inversiones tienden a ser altas (la línea de entrada para obras es de 3.000 millones de pesos como mínimo) hay que tener músculo para recuperar lo gastado a lo largo de varias décadas o para atraer entidades como los fondos de pensiones, que exigen todas las garantías para preservar los recursos de sus afiliados.
Tal condición sirve para que el ritmo de ejecución sea rápido, pues aquí sí que se aplica el refrán que dice que el tiempo es oro.
También hay un estímulo implícito a que las cosas que se hagan tengan una calidad adecuada, pues esta impacta en los ingresos.
Hasta ahí todo suena muy bien, pero, al tiempo que existen grandes oportunidades, es bueno tener en cuenta los riesgos.
El principal es que un gobernante le entregue a alguien un proyecto que, en la práctica, equivale a una renta por 20 o más años sin inversiones que la justifiquen.
Por lo anterior, Planeacion Nacional y el Ministerio de Hacienda, que tendrán la última palabra en cualquier propuesta de APP, deberán mantener los ojos bien abiertos para evitar abusos de una figura que promete mucho y serviría de dinamizadora de la economía, pero que debe administrarse con cuidado. En resumen, hay que recordar el consejo de que es mejor despacio, pero con buena letra.
Así, para comenzar, hay que tener un buen inventario de todas las ideas presentadas, algo que va a ser posible en un par de semanas cuando Planeación ponga en marcha una web al respecto. Ese es un primer paso hacia la transparencia que va a resultar primordial para que las promesas que vienen con las Alianzas Público-Privadas se vuelvan realidad.
Y claro, hay que empezar con pie derecho, lo que exige que el proyecto de anillo vial del Meta, que ya entró a etapa de factibilidad, pase todos los filtros para que esta parte de la locomotora comience a moverse pronto.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
