Poner el torniquete
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
A medida que se acerca el próximo 20 de julio empieza a pasar el clima de euforia que invadió a algunos funcionarios del Ejecutivo, después de la ‘moñona’ de leyes conseguida en la legislatura que acaba de terminar.
Y es que, sin desconocer el paso favorable de un gran número de iniciativas, los ojos de la Casa de Nariño se han dirigido hacia los proyectos que serán remitidos cuando se instalen las sesiones del Congreso.
Aunque menores en cantidad, las propuestas que vienen también tendrán mucho fondo.
Dentro de las previstas se encuentran la reforma a la justicia y a la educación superior, al igual que la reglamentación del acto constitucional sobre regalías, la estructura que reemplazará al de la Comisión Nacional de Televisión y la reforma tributaria, que buscará modernizar y profundizar el esquema impositivo vigente sin aumentar las tarifas actuales.
Aparte de esa breve lista, el Gobierno también quiere meterle el diente a un tema que despertará tanta polémica como los anteriores. Se trata de las pensiones, cuyo costo para el fisco sigue disparado y se ha constituido en uno de los principales factores para explicar el deterioro en los indicadores relativos a la distribución del ingreso.
Mientras en buena parte de América Latina las brechas de ingreso entre pobres y ricos se han reducido en lo corrido de este siglo, Colombia va en contravía con esa tendencia y hoy ocupa el peor puesto entre las economías de mayor tamaño de la región.
La razón inicial es que los mecanismos de jubilación sólo cubren a los trabajadores formales, con lo cual millones de personas no pueden aspirar a una pensión durante su vejez.
Pero esa primera inequidad se ha acentuado por cuenta de una serie de decisiones judiciales que ha hecho inoperante en parte el esquema de transición fijado por la Ley 100 de 1993 que creó el sistema de seguridad social.
Los beneficiarios de tales determinaciones son principalmente congresistas y altos magistrados que a punta de sentencias y decisiones han obtenido mesadas millonarias.
Más recientemente varios fallos han ampliado el universo de ganadores a los órganos de control y a los funcionarios de la Rama Judicial, elevando el monto de un problema que se constituye en toda una amenaza para la sostenibilidad fiscal del país.
Sin entrar en honduras técnicas, basta explicar que mientras la mayoría de personas en Colombia se jubilan con el 75 por ciento del salario promedio que obtuvieron en los 10 años previos a retirarse, en algunos casos la liquidación se hace con base en los últimos seis meses e incorporando factores mucho más generosos.
Eso quiere decir, de acuerdo con un documento técnico que viene de publicar el Ministerio de Hacienda, que un empleado de la Contraloría General, a quien le correspondería una mensualidad de 2,6 millones según los criterios de la Ley 100, podría pasar a recibir 12,8 millones, es decir, un 384 por ciento adicional.
En el caso de un funcionario tipo de la Rama Judicial, dicha suma llegaría a 13,4 millones (167 por ciento adicional).
El efecto agregado de esas reliquidaciones es inmenso. El Ministerio calcula que las sentencias ya expedidas valen entre 11,7 y 20,1 billones de pesos adicionales, traídas a valor presente. Pero si esas ventajas se le extienden al resto de servidores públicos habría que adicionarle a dichas sumas entre 31,3 y 37,1 billones.
Como si lo anterior no fuera poco, los jubilados del sector privado podrían pedir la aplicación del principio de favorabilidad. De ser aceptada esa tesis, habría que agregar entre 75 y 100 billones de pesos más.
Tales montos, para decirlo con franqueza, son impagables a menos que se recorten los programas para educación, salud, seguridad o infraestructura. Por tal razón, hay que ponerle un torniquete a una vena rota que puede llevar a que el Estado colombiano se desangre.
La pregunta, claro, es si congresistas y magistrados van a estar de acuerdo.
Ponte al dia.
