¿El próximo Brasil?

No ha pasado mucho tiempo desde cuando Brasil fuera identificado como la estrella en ascenso de las economías en desarrollo.

Gracias al tamaño de su población, la extensión de su territorio e inmensas reservas de recursos naturales de todo tipo, la nación más grande de América Latina se volvió la favorita de inversionistas y analistas que le pronosticaron un futuro promisorio.

Pero esos tiempos han quedado atrás. La locomotora brasileña que parecía imparable, hoy en día enfrenta grandes obstáculos en la vía.

A comienzos de mes, por ejemplo, la firma calificadora de riesgo, Standard & Poor’s, recortó su pronóstico sobre la deuda de dicho país a negativo, debido a los pobres niveles de crecimiento y una política fiscal expansionista que podría disparar el nivel de la deuda pública.

Más elocuentes aún son las imágenes de las protestas que se han dado en decenas de ciudades del gigante suramericano, con Río de Janeiro y São Paulo como sus epicentros. El detonante fue un alza en los precios del transporte público, pero es indudable que detrás de las manifestaciones hay un gran descontento en torno a la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía y la efectividad de la administración pública.

A primera vista, no debería ser así. Entre el 2002 y el 2010, la transformación que tuvo Brasil fue descomunal, gracias a un incremento promedio del 4 por ciento anual en el tamaño de su economía. Como consecuencia, el desempleo bajó a mínimos históricos, la distribución del ingreso mejoró y cerca de 40 millones de personas salieron de la pobreza. Incluso en los dos últimos años, cuando el alza en el PIB se redujo a 2,7 y 0,9 por ciento, respectivamente, la desocupación se mantuvo bajo control y los ingresos de los hogares subieron. No obstante, esos avances se han encontrado con un aparato estatal inadecuado, ya sea a nivel federal o regional.

Los impuestos son elevados, la infraestructura es pobre, la justicia funciona mal y la Policía es corrupta.

Los escándalos que tocan a la propia coalición que llevó a Dilma Rousseff al Palacio de Planalto en Brasilia son usuales y existe la sensación de que la clase política piensa más en su propio interés que en el de la sociedad.

Como si eso fuera poco, la próxima celebración de dos eventos que acapararán la atención del planeta –el Mundial de Fútbol del próximo año y los Juegos Olímpicos del 2016– han desnudado la incompetencia gubernamental. Las obras no solo tienen grandes desfases ante el calendario, sino que lo invertido hasta ahora triplica lo gastado por Suráfrica en el 2010, en donde muchos estadios se hicieron de cero.

A lo anterior hay que agregar que la inflación se ha convertido en un dolor de cabeza mayúsculo, con una tasa cercana al 6,5 por ciento anual, lo cual golpea la capacidad de consumo de la gente.

La combinación de esos elementos le cae muy mal a una clase media que se siente vulnerable y exige un mejor manejo de las cosas, como ha quedado claro en las marchas.

Y las quejas no se atienden con represión policial. El mensaje de fondo es que la ciudadanía quiere hacer respetar sus derechos, comenzando por el de tener un gobierno decente y que funcione.

El campanazo que ha sonado en nuestro vecino del sur debería escucharse en Colombia. Después de todo, este país ha sido descrito en múltiples oportunidades como ‘el próximo Brasil’, en referencia a sus atractivas posibilidades de progreso.

Sin embargo, si los dirigentes colombianos no son capaces de hacer la tarea que les corresponde, es posible que el símil sea utilizando para reflejar el caso de una nación que tenía cómo dar un salto y no aprovechó su cuarto de hora. Al fin de cuentas, aquí también el Estado es ineficiente y hay problemas serios de corrupción. Y ese es un coctel, que las personas no van a tolerar por siempre.