Por el rescate de Acuavalle

 

Acuavalle, la empresa pública que por 50 años prestó de manera eficiente los servicios de acueducto y alcantarillado en 34 municipios del Valle del Cauca, enfrenta hoy una profunda crisis financiera y administrativa por las graves irregularidades que han sido denunciadas desde hace tiempo por las autoridades departamentales, sin que hasta ahora haya sido posible que los organismos de control actúen de una manera eficaz para remediarla.

Son muchas las anomalías y posibles casos de corrupción que se han conocido en los contratos celebrados por la entidad.

En noviembre del 2010 adjudicó uno por más de 330.000 millones de pesos, por medio del cual se le entregaron a un consorcio privado los recursos de inversión de la empresa durante los próximos diez años.

La Gobernación del Valle, principal accionista de Acuavalle, se opuso al negocio y la Procuraduría General de la Nación solicitó la revocatoria del proceso de adjudicación, pero fueron inútiles sus advertencias.

De otra parte, el destituido gobernador Juan Carlos Abadía entregó a Acuavalle toda la ejecución del Plan Departamental de Aguas (PDA) y le dio un anticipo de 14.000 millones de pesos. La actual administración ha encontrado retrasos de más de dos años y graves inconsistencias en el manejo del PDA, incluyendo pagos no autorizados con recursos del Sistema General de Participaciones, por lo cual ha planteado la necesidad de darlo por terminado.

Los problemas de Acuavalle no se han limitado a su departamento, sino que celebró contratos en La Guajira, Córdoba y Bolívar, en los cuales también hay evidencias de mal manejo de recursos.

De hecho, la Contraloría General adelanta una investigación por un posible detrimento patrimonial cercano a los 8.000 millones de pesos, tras diez hallazgos administrativos, de ellos siete disciplinarios, uno fiscal y tres penales en el convenio para la construcción de acueductos y alcantarillados de 21 municipios de La Guajira, que no ha tenido ningún avance hasta la fecha. Por su parte, el CTI de la Fiscalía investiga la posible desviación de 7.500 millones de pesos del anticipo recibido por Acuavalle.

El trasfondo dela situación es una puja política por el control de la entidad, que es el último reducto burocrático que le queda al PIN en el Valle y que puede ser utilizado para influir en las próximas elecciones regionales, pues los dirigentes del partido han manifestado que su objetivo es recuperar la Gobernación del Departamento.

A pesar de que Abadía fue destituido hace más de un año y que el ex senador Juan Carlos Martínez fue condenado a prisión, sus representantes siguen teniendo el control de la junta directiva, ya que con toda clase de argucias legales han impedido durante un año que el actual Gobernador entre a esta.

Además, en la gerencia estuvo hasta octubre pasado un pariente de Martínez. Su reemplazo fue suspendido por la Procuraduría –pero sólo nueve meses después de haberse detectado las irregularidades en el primer contrato aquí mencionado–, y a pesar de ello sigue desempeñándose dentro de la entidad como jefe de Planeación.

Son tantas y tan evidentes las irregularidades administrativas en Acuavalle que no se explica la demora de los organismos de control o la Superintendencia de Servicios en actuar de una manera más decidida para evitar lo que puede llegar a ser un costoso descalabro para el Valle.

Procuraduría y Contraloría han reaccionado con prontitud encomiable en muchas otras denuncias de corrupción, como los casos de Bogotá o de la salud. Es necesario que esa celeridad ejemplarizante se replique también en casos regionales, aunque no tengan el mismo despliegue mediático que ha habido en la capital o en el Gobierno Nacional.