Un respiro para la salud
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Entre lo poco claro que hay en torno al sistema de salud, están la imperiosa necesidad de refinanciarse, ordenarse y reformarse. Aún así, el sector parece no ser una prioridad para el actual Gobierno.
Frente al tema de la refinanciación hay que decir, en primer lugar, que los problemas de plata se resuelven con más dinero o haciendo que este fluya adecuadamente.
Nadie ignora que las deudas tienen paralizado el funcionamiento del sistema, lo que crea una cadena que involucra a todos sus actores: los entes territoriales les adeudan 430 mil millones de pesos a las EPS del subsidiado, pero estas, a su vez, no les han pagado a los hospitales públicos 2,1 billones de pesos; las EPS del contributivo le reclaman al Fosyga 1,6 billones de pesos, al tiempo que le deben a la red pública hospitalaria 500 mil millones de pesos.
Entre todos, les adeudan a los hospitales públicos y privados 6 billones de pesos.
A lo anterior, hay que sumar los faltantes para la unificación de la UPC –dinero que reciben las EPS al año por cada afiliado–, los recursos para pagar los recobros, que hoy sobrepasan los 2 billones de pesos, entre otros.
Si bien hay que sanear todas estas cuentas, es evidente que se deben buscar más recursos en el presupuesto nacional y echar mano de otras fuentes posibles. Una de ellas son las cuentas maestras, creadas por la Ley 1122 del 2007 para manejar recursos del subsidiado, girados exclusivamente a las EPS.
En estas, por falta de gestión de los municipios, quedaron represados 1,7 billones de pesos, cuya liberación y giro directo requieren ahora una ley.
A esto, se deben sumar excedentes de aportes patronales, provenientes del remanente del proceso de liquidación de la EPS de la Caja Nacional, que suman $62 mil millones; $150 mil millones disponibles en el Fosyga; $44 mil millones del Fondo de Estabilización Petrolera; $48 mil millones del Fondo de Salvamentos y Garantías para el Sector Salud, y $425 mil millones de la subcuenta de garantías de la salud del Fosyga, que también exigen una ley para ser usados.
Con base en eso, el ministro de salud, Alejandro Gaviria, presentó un proyecto de ley con el que busca liberar estos dineros que sean utilizados en el pago de servicios prestados a la población pobre no asegurada, deudas por servicios no POS en las regiones, inversión en infraestructura y ayuda en el saneamiento fiscal de algunos hospitales públicos.
Vale la pena mencionar, que si bien el proyecto es bueno, tiene lunares que le metieron un ruido innecesario.
Uno de estos es la pretensión de destinar $500 mil millones para que el Gobierno compre cartera a los hospitales, y este, a su vez, cobre a las EPS las cuentas que tienen pendientes desde hace años.
Aunque la propuesta parece sana, acabaría subsidiando a algunas EPS denunciadas por corrupción y mala gestión, y que al no haber depurado sus bases de datos, cobran, incluso, por afiliados fallecidos. Por esta vía se beneficiaría también a Caprecom, cuyas deudas –que ascienden a más de $500 mil millones– terminarían convirtiendo al Gobierno en deudor del mismo Gobierno, o a Saludcoop, que, según la Contraloría, usó indebidamente $1,7 billones.
Más allá de esta discusión, que puso a trastrabillar la iniciativa, había que rescatar la propuesta que, lejos de todos los intereses poco claros de congresistas, que se destapan en los debates, procura subsanar, en parte, los desequilibrios fiscales de un sistema de salud que hace agua por todos lados, y mal que bien oxigena en algo sus finanzas.
Sin embargo, más que la aprobación de esta ley de cuentas maestras, en la que se ha comprometido a fondo el ministro Gaviria, es importante que a la par el alto Gobierno muestre la clara intención de solucionar los problemas estructurales del sistema de salud, que parece haber desbordado la gestión de una sola cartera.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
