Un aplazamiento más
La decisión del Gobierno de no presentar una reforma pensional este año, deja pendiente la solución del que ya es el gran dolor de cabeza del país.
La expectativa terminó pronto. Así podría calificarse el efecto de las declaraciones dadas hace un par de días por la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, quien señaló que el Gobierno se abstendrá de presentar en el 2019 el texto de la reforma pensional que a comienzos del año se había anunciado para el segundo semestre. De acuerdo con la funcionaria, antes de radicar una propuesta formal se requiere conformar una mesa técnica no participación de diferentes sectores.
Es posible que desde el punto de vista político, dicha postura sea la correcta. Para que la iniciativa tenga al menos una pequeña posibilidad de ser aprobada por el Congreso necesita una maduración adecuada, que exige también unos acuerdos mínimos entre diferentes sectores de la sociedad. De lo contrario se corre el peligro de que el articulado sea rechazado en bloque o, peor aún, que se repita la experiencia de la ley de financiamiento que acabará creando nuevos dolores de cabeza.
No obstante, la pregunta de fondo es si existe la voluntad de liderar técnicamente la discusión. Esa inquietud es válida ante la advertencia de que el debate partirá de cuatro premisas, comenzando por la que viene de la campaña, de no tocar la edad de jubilación.
Al respecto, no estaría de más que los encargados del asunto le den una mirada al documento que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional, el cual trata el tema de cuánto debe ahorrar una sociedad en su conjunto o una persona a título individual, para garantizar el pago de las mesadas futuras. La pregunta es válida y se repite a lo largo y ancho del planeta.
El motivo es que la mayoría de esquemas vigentes son insostenibles, debido a dos factores relacionados. El primero es que la esperanza de vida va en aumento, tanto en las economías ricas como emergentes. El segundo es que si antes había una gran masa de trabajadores que con sus aportes sostenían a quienes se habían retirado, ahora esas proporciones están cambiando y es muy probable que los jóvenes de hoy no encuentren el respaldo que tuvo la generación de sus padres.
Debido a ambas circunstancias, el panorama fiscal es preocupante. Para los técnicos del FMI, si se mantienen las políticas y los beneficios actuales, el gasto público en pensiones tendría que aumentar en algo más del equivalente de dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto para el 2050, lo cual no resulta nada fácil.
La otra opción es meterle la mano a los parámetros del sistema. Una opción obvia es aumentar de manera gradual la edad de jubilación -cuyo promedio en el mundo es de 63 años- hasta los 68 años. La otra es diseñar fórmulas de ahorro que equivalgan a un 6 por ciento adicional de los ingresos anuales de una persona.
Más allá de las realidades particulares de cada nación, la fórmula planteada deja en claro que el punto de partida de Colombia está más atrás, pues las mujeres se pueden jubilar a los 57 años y los hombres a los 62, en el régimen público. Si a lo anterior se agrega que la pensión recibida supera lo que pagan esquemas similares en sociedades más prósperas, es fácil pronosticar un colapso en un tiempo muy largo.
Siempre se puede afirmar que lo que falta es aportar más recursos públicos, pero cuando se tiene en cuenta que lo que existe ahora se lleva la tercera parte de los recaudos de impuestos, el desajuste salta a la vista. Eso para no hablar de una cobertura baja, pues esta apenas llega al 30 por ciento de la población ocupada, con tendencia a disminuir.
Debido a ello, aplazar indefinidamente las soluciones es la peor salida de todas. Lo que corresponde es hablar con franqueza del asunto, sin preconcepciones y con el interés general en la mira. Solo así será posible construir un sistema pensional sostenible y justo. Pero eso no sucederá tampoco en el 2019…
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