Para sembrar el progreso

Mañana, aparte de los consabidos desfiles militares y la izada del tricolor nacional en casas y edificios, comienza un nuevo periodo de sesiones del Congreso.

Todo indica que tras el éxito obtenido en la pasada legislatura, en la cual el Gobierno logró sacar adelante la mayoría de las iniciativas que se propuso, en esta oportunidad vendrá con otro paquete no menos importante, sobre todo en materia económica. Sin desconocer los asuntos trascendentales concernientes a otros ramos –como la propuesta de reforma constitucional a la justicia– el trabajo de ambas cámaras estará enfocado en iniciativas que incidirán sobre la equidad y el empleo.

De tal manera, aparte de los debates sobre el presupuesto nacional que será presentado en los próximos días, en la lista de pendientes están reformas como la tributaria, la de pensiones o la que autorizaría a la Nación a vender el 10 por ciento de las acciones que tiene en Ecopetrol.

También hay que incluir en ese compendio la ley que reglamentará el acto legislativo sobre las regalías o la que desarrolla la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión. Sin embargo, hay un proyecto que ha tenido menos visibilidad y que sin duda es igual de trascendental a los mencionados.

Se trata de la ley general de desarrollo rural, cuyo texto será radicado por el Ministerio de Agricultura y que constituye un esfuerzo particularmente ambicioso de compilar, articular y modernizar la normatividad vigente.

Por ejemplo, buena parte de la arquitectura actual fue diseñada en 1936, cuando el país era muy diferente y casi tres cuartas partes de la población habitaba en el campo, todo lo contrario de lo que ocurre ahora. Pero ese no es el único propósito. A pesar de que la proporción de campesinos ha disminuido desde ese entonces, estos producen el 70 por ciento de los alimentos básicos que se consumen en el territorio nacional. Ese aporte, lamentablemente, no ha servido para que la calidad de vida mejore en forma decidida.

Las investigaciones disponibles muestran que las tasas de pobreza en las zonas rurales duplican las urbanas y que en otros indicadores la brecha también es apreciable. Por tal motivo, se trata de mejorar las condiciones de millones de personas, todavía atrapadas por las garras de la miseria y la violencia. La manera de lograr ese objetivo y al mismo tiempo impulsar la producción agropecuaria incluye varios elementos.

Dentro de estos se encuentran el ordenamiento de los usos de la tierra, los incentivos para mejorar la utilización del suelo, el acceso a la propiedad, el riego y los servicios financieros, el desarrollo de la infraestructura productiva y el fortalecimiento institucional, entre otros temas.

Quienes han visto borradores del texto sostienen que este tiene más de 300 artículos, pues son muchos los puntos que se tocan. Semejante extensión asegura que la discusión será intensa. Si los debates de la recientemente aprobada Ley de Víctimas y Tierras fueron difíciles, es posible que estos sean igual de complejos, así toquen otro tipo de sensibilidades.

No hay que olvidar que el porcentaje de terratenientes en el Capitolio supera de lejos la media del país. No obstante, es indudable que Colombia necesita nuevas reglas de juego para el campo. A pesar de la abundancia de áreas y de las oportunidades que existen en el mercado internacional, es poco lo que se ha logrado hasta ahora. 

Así, para actividades agrícolas se usan 4,9 millones de hectáreas, a pesar de que existen 21,5 millones que podrían ser cultivadas. Mientras tanto, la ganadería utiliza 38,6 millones cuando, podría desempeñarse con la mitad.

Por lo tanto, hay que apoyar iniciativas que busquen cambiar esa balanza, al tiempo que se solucionan los problemas de marginalidad que han impedido que el progreso florezca en las áreas rurales.