Ni tan separados
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
Los diálogos de paz en La Habana arrancaron el año a un ritmo diferente.
La razón es simple: la publicación de un documento con las primeras 10 propuestas de la guerrilla sobre el agro no solo abre la puerta a discusiones específicas, sino que también ayuda al país a entender las demandas de las Farc.
Dado que el tema rural es el primer punto de la agenda que Gobierno e insurgencia están tratando en Cuba, identificar espacios donde algunos acuerdos sean factibles es un ejercicio necesario.
Al respecto, las sorpresas son pocas.
La reforma agraria ha estado en el corazón de la plataforma de la guerrilla desde su creación hace medio siglo.
Las Farc no solo son de origen campesino, sino que han impulsado -por medios violentos- una repartición más equitativa de la tierra y un mejoramiento de las condiciones de vida en el campo.
Más allá de sus censurables procedimientos, en este último diagnóstico coinciden con la administración Santos y su agenda rural.
Ambas partes han expresado su rechazo al estado de postración en que está el agro colombiano.
De acuerdo con Naciones Unidas, el índice de Gini de concentración de la tierra es de 0,85: una alarmante desigualdad. Los niveles de pobreza de los más de 10 millones de campesinos superan con creces el de los centros urbanos mientras el número de hectáreas dedicadas a la agricultura sigue estancado.
“El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el campo y sus pobladores”, dice el documento guerrillero, una afirmación que bien podría provenir de otros frentes.
En el caso del Ejecutivo se encuentra detrás de iniciativas como la restitución de tierras.
Diferentes sectores solicitan más créditos, asistencia técnica y tecnológica, y las Farc no son la excepción.
Por su lado, el Gobierno ha trabajado una legislación de desarrollo rural que contemplaría estos temas y otros vinculados al fortalecimiento del sector agrario.
Si bien la puesta en marcha de dicha agenda se ha topado con obstáculos administrativos, jurídicos y de seguridad, no se puede negar que ha hecho parte de las prioridades más sentidas de Santos.
Para el equipo guerrillero el punto del agro se concentra en cinco grandes puntos: manejo de latifundios, propiedad extranjera, soberanía alimentaria, mejoramiento de las condiciones de vida campesina, y acciones de reparación y restitución.
Y aunque muchos habrían pensado que las Farc buscarían la expropiación de la tierra, son menos radicales, aunque hacen planteamientos aun inaceptables.
Sin embargo, la subversión habla de la “coexistencia de diferentes modelos de producción”, que permitiría el reparto de parcelas, junto con otras formas de organización, incluida la actual explotación agroindustrial.
Las propuestas remitidas contienen asuntos que generan otros debates. Una de ellas es la “prohibición o el establecimiento de límites estrictos a la extranjerización de la tierra”.
Al respecto, hay en el Congreso propuestas para regular esas compras, que son pilar fundamental en la entrada de inversiones con destino a varias regiones como la altillanura.
La realidad de la iniciativa empresarial en el agro es un tema que la guerrilla critica equivocadamente, así como lo hace con la explotación minera, de hidrocarburos o de energía.
No obstante, parecería que hay espacio para llegar a acuerdos razonables, si el dogmatismo se modera.
Al mismo tiempo, inquieta constatar que algunos reclamos tengan vigencia después de medio siglo.
Ello es una evidencia del estancamiento del campo colombiano que, con o sin diálogos, preocupa.
Falta, por supuesto, lo más difícil. No se trata de celebrar de antemano avances, cuya dificultad es grande.
Sin embargo, la cuestión es reconocer que con una preocupación similar, gobierno y guerrilla tienen margen de maniobra para inyectarle ritmo al proceso. Y, de paso, darle impulso a una transformación rural que, con lentitud, la administración Santos viene impulsando.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
