El síndrome de Adán

A partir de ese día, según lo anunció el alcalde Gustavo Petro, la empresa de Acueducto asumirá el servicio monopólico de recolección, barrido y limpieza de las más de 7.500 toneladas de residuos que generan diariamente los ocho millones de habitantes de la capital del país. No obstante, a un mes de la fecha, persisten interrogantes tanto sobre la legalidad como la capacidad administrativa del Distrito para cumplir con esa compleja operación.

Este día ‘D’, o mejor ‘B’, es el resultado de la ‘guerra’ contra los cuatro operadores privados que el Gobierno bogotano ha desplegado. Al igual que con los transportadores o el gremio constructor, la administración capitalina trata a las empresas de aseo con su ya característico desdén hacia la actividad privada en la economía. En sus discursos y en varias de sus más polémicas decisiones, el alcalde Petro no solo pretende mayor intervención y protagonismo estatal, sino que también equipara injustamente todo bien o servicio producido por un particular como resultado de un accionar mafioso.

Que el Distrito pretenda desarrollar una política de manejo de residuos con mayor énfasis en el reciclaje y en los cambios de hábito de los usuarios es legítimo. Asimismo que instruya en esa línea de pensamiento a la agencia local a cargo del tema, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp).

Inclusive lo es, el que busque una licitación para que nuevos operadores participen, incluyendo algunos de origen público. Sin embargo, la Alcaldía, como se ha vuelto costumbre, fue más allá: espera concentrar en el Acueducto el monopolio a partir de diciembre, desconociendo el esquema de libre competencia que contemplan las normas y pretende desmontar un sistema que, si bien requiere ajustes, cumple con su misión.

Aun si se olvidan por un momento los bandazos que Petro ha dado en los últimos meses sobre el modelo de recolección, la improvisación jurídica y gerencial en que ha incurrido en este tema, es inocultable. La decisión de montar una empresa pública de aseo que bajo el Acueducto responda por la totalidad del servicio en Bogotá va en contravía del esquema estipulado por la comisión reguladora (CRA).

Además de ese cruce de cables jurídicos, el Distrito ha reconocido que esta decisión del burgomaestre no se basó en ningún estudio preliminar o de factibilidad. Tampoco es seguro que, con el tiempo corriendo en contra y sin experiencia previa en la materia, la Empresa de Acueducto pueda adquirir cientos de vehículos, entrenar el personal y responderle a la ciudad.

Y aún si lo hiciera, ya la Uaesp anunció que este modelo solo duraría un año y que en enero próximo abrirá una nueva licitación para operadores privados y públicos. No hay mayores detalles de cómo funcionaría la inclusión de los 20.000 recicladores dentro de la propuesta.

Sumado a lo anterior, el ambiente de pugnacidad de la administración se ha exacerbado con amenazas del alcalde Petro de usar la Policía contra las empresas privadas que salgan a recoger desechos el próximo 18 de diciembre.

En resumidas cuentas, una cosa es el sistema ideal de basura cero que el Palacio Liévano tiene en su cabeza y otra, muy diferente, la realidad actual de la recolección de desechos en la capital. Como en temas de movilidad, vivienda o medio ambiente, la hoja de ruta que el Distrito ha señalado para ir de una a otra está llena de vacíos jurídicos y huecos administrativos, acompañados de ‘matoneo’ público desde la Alcaldía.

La combinación entre el sesgo contra el sector privado y el afán del síndrome de Adán –de crear todo desde el principio– han llevado a Bogotá a una lamentable situación. No se sabe quién, cómo y bajo cuál esquema legal las basuras de la capital serán recogidas en un mes y durante el 2013. Es un desgaste que una ciudad ya golpeada no se merece.