Sumas y restas

El que acaba de pasar no fue precisamente un fin de semana de descanso para los funcionarios del Ministerio de Hacienda involucrados con la reforma tributaria, como tampoco para los congresistas que forman parte de las subcomisiones encargadas.

La razón fue, que tanto unos como otros debieron dedicarle largas horas al análisis de las cerca de 300 proposiciones que podrían cambiarle aún más la cara a la propuesta que empezó a abrirse paso el viernes en el Senado, cuando este votó 105 de los 192 artículos que tenía la ponencia radicada en las plenarias de la corporación.

Si bien a primera vista más de la mitad de la iniciativa salió adelante, es indudable que los platos fuertes son los que se servirán entre hoy y el miércoles, fecha en la que expira la convocatoria a sesiones extraordinarias. Por tal razón, la forma en que se resuelva el tire y afloje entre parlamentarios y Gobierno es importante, pues los intereses no son coincidentes. Como si fuera poco, el cabildeo se encuentra en su punto máximo, ya que cualquiera que conozca de estos asuntos sabe que en la recta final es cuando se pueden ganar batallas importantes, por cuenta de un parágrafo o una coma en el lugar adecuado.

El problema es que la conjunción de tantos intereses está dando origen a un problema que puede volverse difícil de manejar. Este radica en que el propósito inicial de sacar adelante una ley que fuera neutra con el fisco –es decir, que el recaudo neto resultara cercano a cero– se está desdibujando. De hecho, según las cuentas de la Dian, el golpe para las finanzas públicas podría acercarse a los 2 billones de pesos, por cuenta de una serie de modificaciones ya adoptadas y de otras que se encuentran en salmuera.

En números gruesos, la idea inicial era la de hacer una disminución en el impuesto de renta a las sociedades del 33 al 25 por ciento, que en el 2014 tendría un costo de unos 8,6 billones de pesos. Dicha rebaja sería compensada por el nacimiento del Cree, el tributo del 8 por ciento a las utilidades, que produciría cerca de 10,1 billones y que financiaría, en parte, el desmonte de los parafiscales que hoy se destinan al Sena, al ICBF y la salud, y que vale 7,7 billones. Por otro lado, la reducción de las tarifas del IVA y el nuevo impuesto al consumo darían un billón. Finalmente, el alza en la carga a las personas naturales, conocida como el Iman generaría 5 billones de pesos. Al hacer sumas y restas todo quedaba en equilibrio.

El inconveniente es que ese ya no es el caso. El motivo es que ahora entre el IVA y el impuesto al consumo se perderían 400.000 millones de pesos, porque en lugar de subir, la mayoría de las tarifas han bajado. Ese es el caso de la medicina prepagada y de un buen número de alimentos gravados. Pero, además, hay presión para que caiga el tributo que pagan los hoteles, las galletas o el concreto, entre otros.

Para colmo de males, las tablas del Iman han cambiado. Así, un congresista que en el esquema inicial habría pasado de pagar 26 a 43 millones de pesos al año, ahora cancelará 38 millones. Hay todavía un efecto redistributivo, pero el recaudo bajaría en un billón de pesos frente a lo estimado. Otras deducciones aquí y allá, golpearían al fisco, con lo cual el Gobierno aplicaría en carne propia ese refrán que dice que ‘fue por lana y salió trasquilado’.

Y aunque un faltante de esa magnitud no pone en riesgo a las finanzas públicas en el corto plazo, entre otras razones, porque la amnistía tributaria debería generar ingresos extraordinarios en el 2013, en un escenario más largo el país podría estar jugando con fuego.

Basta imaginar qué podría suceder si el precio del petróleo cae abruptamente y hay que salir a hacer ajustes a las carreras en un escenario de desaceleración. Hecha la advertencia, el Ministerio de Hacienda debe tener cuidado de no sacar impuestos del sombrero para cubrir el faltante. Mejor sería que se plante firme esta semana y le diga no a quienes quieren sacar ventaja, justo cuando la reforma llega al punto definitivo.