¿‘Taxificar’ Uber?
La hoja de ruta del Gobierno para las apps pasa por el Congreso. El reto será mantener los beneficios que trajeron estas plataformas.
En entrevista para este diario, publicada el pasado lunes, el consejero presidencial para la Transformación Digital, Víctor Muñoz, explicó la hoja de ruta que el Gobierno piensa desplegar para regular las plataformas digitales.
Tras años y años de inactividad y ante la crisis desatada por el anuncio de Uber de su salida del país, el Ejecutivo por fin expone un camino para definir los distintos aspectos legales normativos que aquejan hoy a las aplicaciones.
Muñoz, como vocero del gobierno Duque, apunta a una ruta enteramente legislativa. Esto es, la Casa de Nariño optará por el escenario del Congreso para la discusión de al menos dos proyectos de ley.
La primera de las iniciativas buscará reglamentar las condiciones y las reglas para el servicio de transporte público y así “legalizar” de una vez por todas a las apps como Uber, Didi y Cabify, entre otras. La ausencia de ese marco legal, a pesar de haber insistido años en su promulgación, sumada al fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, es lo que empujaría a Uber a dejar de operar en Colombia a partir del primero de febrero.
El segundo proyecto de ley desarrollará el artículo 205 del Plan Nacional de Desarrollo sobre la regulación de la seguridad social y de los aportes y las garantías laborales de quienes prestan los servicios de plataformas de transporte, domicilios y hospedaje. En otras palabras, regular el empleo que generan estas plataformas digitales.
Las dos iniciativas parlamentarias abordarán varias cuestiones cruciales dentro de la regulación de las apps. Dos de ellas son la definición de un servicio público prestado por una plataforma digital y el marco normativo del trabajo de las personas que prestan estos servicios.
El consejero presidencial explicó en la entrevista que los proyectos de ley, en especial el de las apps de transporte, serán construidos con la participación de todos los actores de los sectores. Además, la arena parlamentaria garantizará una discusión tanto más democrática como más caótica.
No obstante, como en cualquier diseño de política pública, el equipo del Gobierno enfrenta el reto de qué tanto status quo mantiene y qué tanta disrupción tecnológica incorpora. Dicho de otra manera, la propuesta que tenga el impulso oficial, el híbrido entre las aplicaciones y los taxis tradicionales, tendrá que resolver la dicotomía de “taxificar” las plataformas o “uberificar” a los taxis.
La mejor manera de saltarse ese dilema es apostarle a esquemas creativos y disruptivos que protejan esos cambios que las apps introdujeron en los sectores, no solo el del transporte. El desafío del Ejecutivo está en que el Congreso entienda esos cambios y apruebe unos marcos modernos para que el nuevo servicio público de transporte integre la calidad, la flexibilidad y la seguridad que hoy las aplicaciones brindan a los usuarios.
El debate sobre el segundo proyecto de ley, el que trata del empleo en las plataformas, es mucho más complejo y toca a Rappi, una de las empresas más representativas de estos sectores tecnológicos emergentes.
Una de las transformaciones más drásticas y profundas que la economía colaborativo ha traído son los cambios en las dinámicas de trabajo. En tiempos de alto desempleo, cualquier reforma a las normas laborales implica afectar la forma como millones de colombianos se ganan la vida y la amplitud de la sombrilla de protección y de garantías que deben disfrutar.
El Gobierno debe cuanto antes proveer más detalles sobre esta iniciativa parlamentaria que permitan entender hacia dónde busca guiar una discusión tan crucial para el futuro de las plataformas.
La apertura participativa del Gobierno es bienvenida pero no puede soslayar el carácter técnico de muchos aspectos de la regulación que serán discutidos.
Ponte al dia.
