Sobre el terreno
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
A lo largo de las pasadas semanas, la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, ha venido insistiendo ante diferentes audiencias que “este es el año de mostrar” en materia de infraestructura.
Según la funcionaria, tanto en lo que hace a lanzamiento de nuevos proyectos como adelanto de obras, el país será testigo de un ritmo que no tiene precedentes. Este incluye no solo carreteras, sino también puertos, ferrocarriles y vías fluviales.
Tales anuncios, a decir verdad, son registrados con una dosis de escepticismo por la opinión y los medios de comunicación.
El motivo es que no es la primera vez que se hacen promesas que, al menos en el pasado, no se concretaron en hechos. Como si eso fuera poco, son múltiples los ejemplos de que hay iniciativas en problemas, tal como ocurre con tramos de la Ruta del Sol o con partes del trayecto a Buenaventura.
Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que el cambio es de verdad.
Para sustentar sus afirmaciones, cita cómo las dobles calzadas ya suman algo más de mil kilómetros concluidos.
En el 2013 el presupuesto habla de 300 kilómetros adicionales, algo que no solo no tiene precedentes, sino que equivale al paso que llegó a tener España hace un par de décadas, cuando le dio un vuelco a su red.
A lo anterior hay que agregar los planes de ampliación y mejoramiento de cerca de 8.000 kilómetros de carreteras nacionales. En total, se trata de unas 30 iniciativas con un valor global cercano a los 40 billones de pesos, que empezaron a transitar el camino para volverse realidad.
De tal manera, a comienzos de este mes se inició la precalificación de las primeras cuatro y en abril deberían salir cinco más -incluyendo las llamadas Autopistas de la Prosperidad-, a las cuales se les sumarán otras más en lo que queda del año.
No menos importantes en el cronograma son las propuestas recibidas en desarrollo de la ley que estableció las Asociaciones Público Privadas.
Al respecto, el Gobierno asegura que van 29 proyectos radicados que demandarían inversiones por unos 20 billones de pesos, de los cuales la inmensa mayoría serían aportados por el sector privado.
Falta, por supuesto, una labor de evaluación y depuración, pero si se hace la tarea con juicio podría ser posible concretar algo relativamente pronto.
Todo lo anterior suena muy bien y da pie para tener una buena dosis de optimismo.
No obstante, como lo dejó en claro el recorrido de centenares de kilómetros de obras que hizo la ministra Álvarez hace poco, hay ejecutorias que van bien, junto a otras que andan regular y unas cuantas que están en problemas.
Debido a ello, es necesario intensificar las labores de seguimiento para hacer sonar alarmas a tiempo.
También es obligación desatar los nudos que dejó la administración Uribe, cuya herencia en este caso fue pobre, por decir lo menos.
La labor en ese frente comprende no solo el examen a fondo de adiciones en contratos que suman más de 10 billones de pesos, sino la firma de compromisos que superan los plazos establecidos por la ley.
Al tiempo que se realiza esa labor, es fundamental preservar la solidez institucional alcanzada.
Para decirlo con claridad, la Agencia Nacional de Infraestructura debe mantener su carácter técnico, pues sectores políticos han afilado los dardos contra su administración, quizás por la cercanía de las elecciones. Aparte de lo anterior, el Ministerio del ramo no puede echar en saco roto las recomendaciones hechas por una comisión de expertos, cuyos planteamientos tienen trascendencia y fundamento.
Si se trabaja al tiempo en los diferentes frentes, desde las obras hasta el avance de las concesiones de cuarta generación, los resultados deberían verse más temprano que tarde.
Cuando eso se logre, vencer la incredulidad será fácil. Pero eso solo sucederá hasta que los ciudadanos constaten, sobre el terreno, que hay una nueva realidad. No antes.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
