Tropezón, no descalabro

 

Así podría resumirse el balance para el Gobierno, después de que la Corte Constitucional le informó al Ministro del Interior el resultado del examen a dos de los decretos más significativos, dentro del paquete de medidas que fueron expedidas al amparo del Estado de Emergencia de finales del año pasado.

Según el funcionario, el alto tribunal determinó que la privatización del 10 por ciento de las acciones que el Estado tiene en Ecopetrol habría sido declarada inexequible, mientras que el aumento en el impuesto al patrimonio habría pasado el filtro. A primera vista, lo ocurrido podría calificarse como un nuevo descalabro.

Al fin de cuentas, la noticia se sabe a los pocos días de que la misma entidad echara para atrás la segunda parte de la Emergencia, con lo cual se llevó por delante una docena de decretos que le daban herramientas al Ejecutivo para enfrentar la tragedia invernal que ha dejado más de dos millones de damnificados. 

Bajo la óptica pesimista, la administración ha perdido su principal fuente de recursos a la hora de atender la reconstrucción que demanda la catástrofe. El motivo es que el esfuerzo estatal se calcula en más de 20 billones de pesos, de los cuales algo más de 16 provendrían de la privatización parcial de la empresa petrolera.

Ahora será necesario prestarle atención al proyecto de ley que fue radicado por el Ministerio de Hacienda en diciembre y que está para la consideración del Senado y la Cámara, en donde había tenido un trámite lánguido, entre otras porque no es claro si el tema les corresponde a las comisiones quintas o cuartas del legislativo.

De tal manera, y a menos que el Gobierno le ponga presión a la propuesta, corre el peligro de que la autorización para la venta de las acciones se posponga. Sin embargo, una mirada más cercana a la situación muestra que el efecto de la decisión de la Corte no es tan grave.

Aceptando que a la Casa de Nariño le habría gustado sortear la talanquera legal, lo cierto es que dentro de las cuentas del Ministerio de Hacienda había 1,6 billones de pesos correspondientes a Ecopetrol para el 2011.  Esa es una suma importante, pero no irremplazable.

De un lado, la Nación percibirá la totalidad de los dividendos que le corresponden por ser dueña del 90 por ciento de la compañía mientras que, del otro, los recaudos tributarios van tan bien que hay fuentes alternativas de recursos. Sin ir más lejos, en el primer trimestre los ingresos fiscales superaron en 881.000 millones de pesos la meta presupuestada.

A su vez, lo ocurrido ayuda a ponerle orden al tema de Ecopetrol, pues ahora es claro que la prioridad va a ser la capitalización de la empresa y que la oferta de un nuevo 10 por ciento al público no se va a cruzar con la privatización. Esa es una buena noticia para los inversionistas y para la gerencia, que puede concentrarse en el desarrollo del ambicioso programa de inversiones fijado.

Por otra parte, para el Gobierno es muy importante que el aumento en el impuesto de patrimonio haya sobrevivido, pues el cálculo es que este debería generar entre 700.000 y 1,1 billones de pesos en los próximos años. La anterior es una cantidad importante que habría sido irremplazable, si la Corte hubiera dicho que no.

En cambio, ahora termina la incertidumbre, lo cual permite financiar un mayor aumento en la inversión pública. Esto, una vez se consiga en el Capitolio la luz verde para la adición presupuestal por 5,7 billones de pesos, de la que dependen algunos programas que hoy se encuentran en veremos. Así las cosas, el tropiezo en la presente oportunidad no fue tan grave. Ahora lo que queda es trabajar con el Congreso para atar los cabos sueltos, mientras se redoblan los esfuerzos para romper el cuello de botella de la ejecución presupuestal, que es la que necesita la mayor atención actualmente.