Más vale tarde que nunca

Con las presiones propias del calendario de una legislatura que concluye esta semana, ayer comenzó en el Congreso la discusión final del proyecto de ley estatutaria que regula un derecho fundamental: el de la salud. La expectativa que ha generado el tema es innegable, pues este no solo involucra el funcionamiento de un sistema que mueve recursos por 40 billones de pesos anuales entre fondos públicos y privados, sino que toca a todos los colombianos.

Como si lo anterior fuera poco, el esquema vigente hace agua por factores que van desde desajustes estructurales, hasta prácticas corruptas en algunas entidades y una buena dosis de politiquería en otras. La crisis viene desde hace tiempo y la administración de Juan Manuel Santos -que heredó el lío- ha dado no pocos bandazos. Finalmente, el Ejecutivo impulsó la idea de una ley ordinaria que sigue en estudio y se vio montado sorpresivamente en una estatutaria cuyo texto más reciente viene con su cuota de sorpresas.

Teniendo en cuenta que esta última tiene una categoría superior, la verdadera batalla se ha dado aquí. Lo conseguido hasta ahora dista de ser perfecto y el país se arriesga a experimentar en carne propia aquel refrán que afirma que ‘el remedio puede ser peor que la enfermedad’.

La razón de fondo es que el objetivo del proyecto debería ser el de fijar los límites de un derecho que aun en las sociedades más desarrolladas tiene linderos. Para decirlo con claridad, no todos los tratamientos son financiables, por lo cual existe un Plan Obligatorio de Salud que especifica hasta dónde llega el sistema y hasta dónde no.

De lo contrario, se pueden desbordar las capacidades de un país de ingreso medio como el nuestro, prometiendo servicios y beneficios insostenibles o que no se van a cumplir. En cualquier caso, puede estarse gestando una frustración de marca mayor en la que se vuelva a demostrar que hay un abismo entre lo que dice el papel y lo que se puede hacer en la realidad.

Lamentablemente, atrapados en la red del populismo o de las posiciones ideológicas, los congresistas han preferido esta opción. Como si eso fuera poco, no ha faltado quien quiera estatizar la prestación del servicio, lo cual sería un error mayúsculo, pues alejar al sector privado del tema nos devuelve a modelos como el de Caprecom o el Seguro Social, cuyas cuentas se miden en billones de pesos.

No menos inquietante es la idea de crear un ente centralizado, encargado de afiliar, recaudar y pagar los 30 billones de pesos de recursos públicos. Aunque los defensores de la propuesta exhiben sus bondades, este punto no debería formar parte de ley estatutaria alguna y en cambio merecería ser estudiado con más tiempo.

Y la lista no termina ahí. El texto que se debate en Senado y Cámara le da un espaldarazo a la autonomía médica, pero eso no debe significar que los profesionales de la salud puedan desbordarse, así como libertad no significa libertinaje. Para completar, el encomiable propósito de la descentralización es preocupante, ya que una cosa es darles más autonomía a las regiones y otra entregarles el manejo del engranaje a los barones electorales de turno.

Lo anterior no quiere decir que todo sea malo. El proyecto rescata principios como la portabilidad, la universalidad y las garantías para los usuarios, que son necesarios. Sin embargo, hay que insistir en que el Gobierno tiene que tratar de enmendar más de un artículo, así tenga el tiempo en contra. Ello requiere el concurso de la Casa de Nariño y no únicamente del Ministerio de Salud, que ha llegado hasta donde ha podido.

De lo contrario, el riesgo de que pase algo similar al descalabro de la reforma a la Justicia existe. Quedan unas pocas horas, pero el Gobierno no se puede exponer a que le pasen un texto que deje al esquema actual peor de lo que está. Y eso requiere reaccionar, pues más vale tarde que nunca.