Se viene una propuesta
EXDIRECTOR DE PORTAFOLIOActualizado:
El próximo primero de octubre el Gobierno debería radicar en el Capitolio la propuesta de reforma tributaria que será uno de los platos fuertes de la actual agenda legislativa.
Tras muchos ires y venires, la Casa de Nariño llegó la semana pasada a un acuerdo con la Mesa de la Unidad Nacional –en la que se sientan las bancadas cercanas al Ejecutivo– por medio del cual se adoptó el compromiso de impulsar un total de 15 iniciativas en el Congreso, incluyendo la de cambiar el régimen impositivo.
A primera vista, el texto debería estar listo.
Al fin de cuentas, el Ministerio de Hacienda está trabajando desde hace 3 meses en el tema, con la intención de llevar a cabo la renovación estructural que los expertos han pedido desde hace años. Por tal razón, se llegó a redactar una iniciativa de casi mil artículos, que en términos prácticos se asemejaba a hacer una especie de borrón y cuenta nueva.
Pero todo indica que ese trabajo nunca verá la luz del día, por lo menos en un solo envión.
Teniendo en cuenta el complejo clima político que existe, se podría afirmar que la administración Santos decidió aplicar aquel refrán, según el cual ‘lo mejor es enemigo de lo bueno’.
Puesto de otra manera, viene un paquete importante, aunque no de la envergadura del que se llegó a diseñar. El motivo es, sobre todo, de origen pragmático.
Las probabilidades de contar con las mayorías necesarias para sacar adelante una reforma integral son escasas, por lo cual la idea es enfocarse en unos cuantos aspectos fundamentales con el fin de corregir inequidades aquí y cerrarle la puerta a la evasión allá.
Una afirmación de ese tenor tiene, sin embargo, tanto de largo como de ancho, pues cualquier modificación va a tener enemigos.
En consecuencia, el Gobierno tiene que prepararse bien, no solo a la hora de conseguir los votos necesarios, sino de ganar la batalla de la opinión.
La necesidad de que así sea es clara. Así lo demuestra la intención de reducir los llamados impuestos a la nómina, que hoy son un obstáculo a la hora de crear empleo formal.
El peso de las contribuciones es de tal magnitud que puede ascender hasta un 70 por ciento del salario nominal, una de las cargas más altas del mundo.
Debido a ello, la mayoría de la fuerza laboral está contratada sin cumplir con las obligaciones que estipula la ley, lo que se traduce en una baja afiliación a los sistemas de salud y pensiones.
A simple vista, la solución se ve fácil.
Esta consiste en desmontar lo que giran las empresas con destino al Sena, el Bienestar Familiar o las cajas de compensación, con la idea de que al menos las dos primeras reciban recursos del presupuesto nacional.
No hay duda de que lo correcto es que tales entidades se nutran del recaudo general de impuestos, con el objetivo de equilibrar cargas que hoy generan efectos perversos.
El problema es que una sustitución de fuentes implica un mayor nivel de tributación, con lo cual el desafío de convencimiento se vuelve más complejo.
No solo hay que vencer a quienes defienden el statu quo y se arropan en instituciones que hacen mucho en materia social, sino que además es indispensable tener a raya a aquellos que van a tener que pagar más, en nombre de la equidad.
Ganar la batalla es difícil, pero no imposible. Para comenzar, el Presidente debe liderar las discusiones, mientras que diferentes integrantes del gabinete tienen que mantener la rienda corta en el Congreso. Un asunto complejo es el de pedirle prudencia a Angelino Garzón, ya que el sector sindical es particularmente celoso a cualquier intento de cortarles las alas a las cajas de compensación.
Aun así, el debate es necesario.
Pretender que Colombia va a ser una sociedad más igualitaria si las cosas siguen como están, es sencillamente ilusorio. Por tal motivo, hay que apoyar que se ponga sobre la mesa el asunto de los parafiscales en una propuesta de reforma que, más que impuestos, va a tener como argumento central la creación de empleo formal en el país.
Ricardo Ávila Pinto
Ponte al dia.
