Ineficiencia y liberticidio

Por una perversa tendencia nacional, la ausencia de eficiencia del Estado se traduce en restricciones de las libertades individuales. Como los problemas no se resuelven por incapacidad de los gobiernos de turno, la respuesta del gobernante del momento es privar al ciudadano de derechos y libertades que deberían ser sagradas y protegidas.

Las últimas semanas han estado llenas de buenos ejemplos del carácter liberticida de nuestros gobernantes locales. Hace décadas que los niveles de contaminación en Bogotá se deterioran. Es el resultado de muchos factores como la persistencia de industrias contaminantes en la capital, el transporte público obsoleto, la mala calidad del fuel oil y la deteriorada movilidad ,que genera mayores emisiones. Han pasado múltiples alcaldes sin solucionar nada de fondo. Cuando, por un fenómeno meteorológico, los niveles se disparan aún más, entra en acción el alcalde liberticida. Prohibido utilizar el vehículo los fines de semana, y aún más restricciones al abusivo pico y placa sin reducción equivalente del impuesto de movilidad. En lugar de atacar el problema real, castigamos al ciudadano por la inacción e incapacidad de los sucesivos gobiernos locales.

Campeón de esta forma de gobierno, el inútil Gustavo Petro que ante el robo de cientos de miles de celulares y relojes en la capital afirmó, con total desfachatez, que era mejor dejarlos en la casa. Buen ejemplo de liberticidio es la restricción del parrillero ante la incapacidad de la policía de garantizar la seguridad en las calles, o la de recomendar a las madres que no dejen salir a sus hijos al parque para no estar en contacto con los expendedores de droga.

Otro buen ejemplo reciente es el incidente del “comparendo de la empanada”. Los informales han entendido que, en lugar de asumir el impuesto de industria y comercio, IVA, renta y patrimonio es preferible instalarse en la calle y evitar los engorrosos trámites de bomberos, la Secretaría de Salud, Sayco-Acimpro y demás. Además, pagan a las organizaciones criminales ‘dueñas’ de las vías públicas. Esto lo saben todos los alcaldes del país y la policía. Como los gobiernos son incapaces de hacer respetar la legalidad, castigamos al ciudadano que compra la empanada. La multa – desproporcionada, absurda y ridícula– deberían imponérsela al Alcalde y al jefe de la policía por su ineptitud en hacer respetar la legalidad.

Como, desde los años cuarenta del siglo pasado, hemos sido incapaces de construir el metro en la capital y le entregamos el servicio a los corruptos empresarios del transporte público, se implementaron medidas inútiles para restringir la movilidad de los ciudadanos. El campeón de este fracaso es el alcalde Peñalosa, que cree que una ciudad – gigante en extensión y con más de 8 millones de ciudadanos– puede, como si fuera Amsterdam, movilizarse en bicicleta. Se empeña en embutir como hormigas a más maltratados ciudadanos en el inhumano servicio de Transmilenio cuya capacidad, hace años, está desbordada. Peñalosa, y los demás alcaldes de la capital, han sido, eso sí, eficientes promotores de la emigración de bogotanos hacia otras ciudades del país y del mundo.

Lo que más impresiona es la pasividad de los ciudadanos que, en lugar de protestar y defender sus derechos, aceptan, con resignación, que sus libertades se restrinjan cada día más producto de la ineficiencia de los gobiernos.

Asesor económico y empresarial

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