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Con el anuncio del Gobierno de asumir la carga del pasivo pensional de Electricaribe con recursos públicos, se comienza a despejar el camino para despertar el interés de los posibles inversionistas operadores.
Sin embargo, el panorama no está del todo claro y quedan preguntas por resolver. El primer interrogante tiene que ver con las deudas anteriores a la intervención que suman $2,5 billones, y que en caso de reestructurarlas en su capital, también generarían un alivio para la rentabilidad del negocio.
Al respecto, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, aclaró que el nuevo operador no va asumir estas obligaciones y solo atenderá las que se generaron después de la intervención.
“Otra incógnita se relaciona en cómo financiar un año más de operación con recursos adicionales a los $700.000 millones de inversiones anunciados por el Gobierno, y que superaría $1 billón, cifra equivalente al pasivo pensional”, indicó Javier Lastra, ex agente interventor de Electricaribe, al precisar que no está claro si los asumiría la Nación o los nuevos operadores.
La razón del ex funcionario es que, de ello depende garantizar la continuidad del servicio hoy seriamente comprometido debido al déficit de la compañía ($35.000 millones mensuales en promedio).
En este punto la ministra afirmó que la Nación otorgará garantías al operador para que se endeude con el sector financiero para ejecutar las inversiones requeridas.
La segmentación del mercado es otra de las inquietudes. Lastra aseguró que el análisis de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) concluyó que la división en dos o más zonas geográficas no agrega valor, salvo que haya un tratamiento de subsidio especial por parte de la Nación a los clientes de zonas especiales o de difícil gestión.
“Quedó en evidencia que no existen interesados en asumir toda la operación, por eso se decidió la segmentación. En el proceso siete compañías que mostraron interés al final desistieron por lo grande del mercado”, dijo Suárez.
Reiteró que para llegar a una solución estructural y competitiva para los usuarios, se necesita dividir la operación para garantizar la calidad desde el punto de vista financiero y de infraestructura para el suministro.
Finalmente, el impacto que pueda generar en la demanda contra la Nación por parte de los dueños de Electricaribe las medidas de salvamento de asumir el pasivo pensional con recursos públicos posterior a la toma de posesión de la empresa, es otra de las preguntas que quedan en el tintero.