En este portal utilizamos datos de navegación / cookies propias y de terceros para gestionar el portal, elaborar información estadística, optimizar la funcionalidad del sitio y mostrar publicidad relacionada con sus preferencias a través del análisis de la navegación. Si continúa navegando, usted estará aceptando esta utilización. Puede conocer cómo deshabilitarlas u obtener más información
aquí
Con la declaratoria de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional del decreto legislativo 558 del 15 de abril, con el que el Gobierno buscaba darles un alivio a las empresas y trabajadores independientes con la suspensión de los aportes pensionales de abril y mayo, ahora el Ejecutivo deberá encontrar fórmulas para solucionar el impasse.
La Corte también tumbó la segunda parte del decreto que permitiría que Colpensiones asumiera las pensiones de retiro programado de un salario mínimo de unos 20.000 afiliados de los fondos privados y recibiera unos $5 billones, tras el golpe que sufrieron los portafolios de estos fondos con la crisis del coronavirus y la guerra petrolera de marzo y parte de abril.
En el comunicado que expidió la Corte menciona que el fallo, que se conocerá en los próximos días, establece que el efecto es retroactivo, es decir que todo deberá volver a como estaba antes de la declaratoria de la norma.
Sobre el traslado de los pensionados de los fondos privados el presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, dijo que hasta el momento no se ha realizado ningún traslado.
Sin embargo, los analistas consultados por Portafolio se cuestionan sobre las cifras que las empresas y los independientes dejaron de aportar a Colpensiones y a los fondos privados.
El presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, le dijo a Portafolio el lunes que dicha suma “sería entre $650.000 y $700.000 millones”, mientras que fuentes de los fondos privados estiman que para las cuatro AFP sería de $1,5 billones.
Para Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones y director de Econometría Consultores, las dos grandes dudas que deja el fallo de la Corte son “quién va a pagar por esos recursos que se dejaron de aportar y cuándo lo van a hacer”. Y se pregunta de si sería el Gobierno, las empresas y en el caso de los independientes. Pero también cuestionó que “va a ser difícil pagar esas cifras en este momento por la crisis”.
Señaló que “al Gobierno le va a tocar reaccionar rápidamente una vez se conozca la sentencia completa”.
Por su parte, el abogado y experto en pensiones, Rodrigo Galarza advierte que con la decisión “ganan los empleados porque hacia adelante no podrán adoptarse medidas que afecten sus derechos futuros; ganan los empleados porque no deberán trabajar más allá de lo que establece la ley; ganan los pensionados al RAI (fondos privados) porque quedará claro que no pueden expropiarse sus ahorros”.
Y aseguró que pierden los lobistas (y muchos empresarios que promovieron esa idea); pierde el gobierno porque no puede meter sus manos en los bolsillos de los trabajadores y finalmente gana el país porque protege el ahorro privado”.