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Las iniciativas que el Gobierno Nacional tiene para el tercer año y que buscará aprobar en esta legislatura son siete.
La primera es el proyecto de ley que le da Impulso al Emprendimiento, el Crecimiento y la Consolidación de las Mipymes, que es solo una actualización a la ley actual.
“El contenido de la iniciativa legislativa tiene varios ejes, para generar habilitadores a un nuevo ecosistema de emprendimiento, incluye una reducción de cargas y trámites para los emprendedores y mipymes y otorgar beneficios tributarios”, explicó Ignacio Gaitán, gerente de iNNpulsa Colombia.
La segunda iniciativa, es el proyecto de ley para generar alivios a obligaciones financieras de pequeños y medianos productores del agro afectados por fenómenos sanitarios, biológicos, caída severa y sostenida de ingresos, afectaciones climáticas, entre otros.
Esos se harán a través del Banco Agrario de Colombia o con otros bancos, con obligaciones financieras cubiertas con garantía del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).
El tercero es un proyecto (el cual lleva siete intentos fallidos), y que busca crear la especialidad agraria y resolver conflictos relativos a predios rurales, sean estos privados o públicos (bienes fiscales, baldíos); cuando las partes del conflicto sean públicas o privadas.
El cuarto, busca constituir un solo cuerpo normativo en materia de conciliación extrajudicial para las personas en condición de desplazamiento o de vulnerabilidad; y creará programas locales de justicia en equidad, así como el Sistema Nacional de Conciliación y también servirá para la descongestión judicial.
El quinto busca modificar el funcionamiento de las Comisarías de Familia para el contexto familiar y de pareja verificando su cumplimiento y garantizando su efectividad.
El sexto, es contra la explotación ilícita de minerales, con penas entre 5 a 12 años, con medidas de detención, penalizando el uso del mercurio y vender o subastar los bienes asociados a un sancionatorio ambiental, como por ejemplo la maquinaria.
El séptimo proyecto busca que Colombia, haga parte del acuerdo regional y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.