Después del acuerdo de cancelación del contrato al que llegaron la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. (CRDS) y la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se daría inicio al proceso de liquidación y con este reconocer los compromisos con bancos y trabajadores, y reiniciar las obras.
Según el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, se pactó un periodo de cuatro meses para recorrer “kilómetro a kilómetro y revisar las cuentas con la interventoría” para verificar la calidad de las obras que “estamos recibiendo”.
“No tenemos confianza en la integridad de la contabilidad de la concesionaria, por eso hemos establecido este periodo para revisar obra por obra y cuenta por cuenta para asegurarnos que lo que se reconozca esté debidamente justificado”, comentó Andrade.
En el acuerdo logrado, se especificó que pagarán los salarios de los trabajadores, cuentas pendientes con los proveedores y créditos con los bancos. Así mismo, quedó establecido que si en la liquidación hay un saldo
a favor de la concesionaria, este quedaría retenido por un periodo de cuatro años hasta que “
se resuelvan las multas y demandas que le puedan poner al Estado o a la concesionaria”, dijo Andrade.
El funcionario explicó que, por ejemplo, el Estado podría interponer una demanda por los costos adicionales que toca asumir por abrir un nuevo proceso de contratación, y con estos recursos se atenderían estas obligaciones, asó como una multa por colusión que podría poner la Superindustria.
“Después de pagar a los terceros de buena fe, comenzando por los más débiles, no se les va a pagar a los accionistas de inmediato”, agregó Andrade.
El monto de la fiducia que respalda este proyecto tiene recursos que ascienden a los $1,5 billones, los cuales se repartirían así: $100.000 millones para cubrir salarios y cuentas con proveedores, y $1,4 billones para obligaciones financieras.
La deuda de CDRS con los bancos asciende a $2,4 billones, por lo que quedaría pendiente $1 billón que se pagaría a plazos.