Recuperación de la navegabilidad del Magdalena está en veremos: Navelena busca salidas

La recuperación de la navegabilidad del río Magdalena está en veremos desde que se cumplió el plazo para que el Consorcio Navelena lograra el cierre financiero de la obra y diera inicio a la construcción.

Este martes se llevó a cabo la segunda audiencia pública de control político para evaluar la gestión de Cormagdalena con relación a esta Asociación Público-Privada (APP), convocada por el senador Álvaro Ashton Giraldo.

En el debate, el director de Cormagdalena, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo, presentó el panorama de la situación del proyecto y a su vez se unió a la preocupación que expresaron los senadores Horacio Serpa, Jaime Amín, José Name y Ashton.

El contrato que busca la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena se firmó el 13 de septiembre de 2014 y según el cronograma el plazo para presentar -entre tanto se ejecutó la etapa de preconstrucción- el cierre financiero se venció el pasado 11 de junio, y desde entonces Cormagdalena se vio en la obligación de aplicar la multa diaria de 30 salarios mínimos mensuales vigentes a Navalena S.A.S. por el incumplimiento en el que se vio inmerso tras los problemas de su socio mayoritario, la firma Odebrecht (que contaba con el 87% de las acciones), luego de la condena por corrupción de su presidente en Brasil, Marcelo Odebrecht.

Y a su vez, la Corporación le fijó un plazo de 30 días a Navelena para definir la nueva empresa que sería socia del proyecto.

Hasta el momento hay 12 propuestas extranjeras que han manifestado su interés en participar.

“Hasta tanto no se logre acreditar el cierre financiero no se podrá dar inicio a la etapa de construcción del proyecto”, explicó el ingeniero Paulino Galindo Yustres, jefe del Equipo Supervisor del contrato de APP.

Según Mendoza, están en el estudio de cada una de las cartas de intención con el ánimo de definir el futuro del proyecto.

“Tenemos hasta el 22 de agosto para salvar el proyecto”, precisó el Director de la Corporación.

De acuerdo con el senador Ashton, es importante salvar el proyecto y para evitar que se caiga se concluyó la necesidad de que “el Gobierno anticipe una parte de los desembolsos del 2020 al 2016, por lo menos 200.000 millones y/o suspender el contrato hasta encontrar un cesionario del mismo”.

El próximo 29 de julio se realizaría una nueva audiencia de control político en Barrancabermeja para seguir los avances de este proyecto.