Lo que pasó en Paraguay

El cierre de Ueno Bank le recuerda a Colombia que su solidez bancaria es un activo por cuidar.

Coordinador editorial de Boletines09.11.2026 14:35 Actualizado: 09.11.2026 14:35

En menos de una semana, Paraguay se quedó con un banco menos y con un presidente destituido.

El cierre de Ueno Bank, ordenado por el Banco Central al constatar que su solvencia era inferior a la mitad del mínimo legal, dejó sin acceso a su dinero a cerca de 2,9 millones de clientes, casi la mitad de la población. Tarjetas, cajeros y aplicación se apagaron de un día para otro. El viernes, el Senado removió por unanimidad a Santiago Peña por su vínculo con la entidad.

La Fiscalía describe un esquema viejo con empaque moderno. Según la imputación, el banco prestó a empresas de su propio grupo por encima de los límites legales, varias sin garantías suficientes ni ingresos para pagar, y ocultó la situación al supervisor.

Cuando este lo detectó, Ueno habría vendido una cartera de US$74 millones a otra firma vinculada, con recursos que salían del mismo banco. Si eso se prueba, los ahorros del público terminaron financiando a los dueños del banco.

Paraguay tenía reglas, pero falló quien debía hacerlas cumplir. Carlos Carvallo dirigió Financiera Ueno y en 2023 pasó a presidir el Banco Central. Meses después, ese organismo autorizó a Ueno a operar como banco. A esa puerta giratoria se sumó una concentración de recursos públicos difícil de defender.

El instituto que paga las pensiones tenía allí unos US$355 millones, cerca del 9% de sus inversiones, y los fondos estatales atrapados superarían los US$800 millones. Unos 32.000 jubilados quedaron sin pago.

Según las autoridades, el fondo de garantía de depósitos cubrirá a cerca del 97% de los depositantes.

Es un alivio, pero no le resuelve el día a quien esta semana no pudo pagar el arriendo ni hacer mercado. Ueno procesaba más de tres millones de operaciones diarias. Cuando un banco así se apaga, el golpe lo siente toda la economía.

Por eso vale la pena mirar las cifras colombianas. A agosto, según la Superintendencia Financiera, la solvencia total de los bancos era de 15,1%, frente a un mínimo de 9%, y su indicador de liquidez de corto plazo promedió 178,8%, cuando lo exigido es 100%.

En los establecimientos de crédito, por cada peso de cartera vencida había cerca de $1,4 en provisiones. Además, Colombia mide la mora desde los 30 días, cuando la mayoría de países de la región lo hace desde los 90. Es una vara más exigente. En la prueba de estrés de su reporte de mitad de año, el Banco de la República concluyó que, aún en un escenario extremo y poco probable, la solvencia del sistema seguiría holgadamente por encima del mínimo.

Esas cifras muestran un sistema sólido, y buena parte del mérito es de la supervisión. Un esquema como el de Ueno no aparece en los indicadores agregados.

Allí el hueco se formó durante meses, a puerta cerrada, en préstamos a empresas del mismo grupo, con movimientos que, según la Fiscalía paraguaya, buscaban aparentar que las deudas se pagaban. Eso lo encuentra, y lo frena a tiempo, un supervisor con capacidad técnica y libertad para actuar, que no le deba nada al banco que vigila ni al gobierno de turno.

Colombia está lejos de un caso así. Para seguir en ese lugar, la autonomía técnica de la Superfinanciera y del Banco de la República debe, con seriedad, quedar por fuera de cualquier cálculo político, y los cargos de supervisión no pueden volverse una escala entre la banca y el Estado. También conviene que las entidades públicas no concentren sus recursos en un solo banco. Así se cierra el paso a quien, sin escrúpulos, quiera aprovechar las reglas para armar un esquema parecido.

José David Caparroso Vargas

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