Según el ministerio de Trabajo, son 8.800 trabajadores que laboran para Electricaribe, de los cuales 1.500 son trabajadores directos y 7.300 tercerizados. ¿Qué pasará con su situación laboral? Es una de las preguntas que surgió tras el anuncio de la liquidación de la empresa por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Este lunes, tras una reunión entre el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera y
el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, José Miguel Mendoza Daza, ambos funcionarios acordaron que se debe garantizar la protección de los derechos pensionales de los trabajadores y el del servicio público para los ciudadanos.
Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo, desde inicio de la intervención por parte de la Superservicios –en noviembre de 2016– esa entidad ha hecho seguimiento al proceso para garantizar ambos ítems.
“El pasivo pensional de Electricaribe es una cifra cercana a los 750 mil millones de pesos. Si esto no está garantizado, tanto los pensionados, como jubilados no tendrán derecho a salud y esto irá en contra de su patrimonio”, indicó el Defensor del Pueblo.
En este sentido, esa entidad ha explicado que el sector salud en la Costa Caribe se vería afectado si el servicio no se mantiene, ya que pone en riesgo el almacenamiento de vacunas, alimentos y retrasa la atención a los pacientes.
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