Corte de cuentas agrícolas

El empalme oficial sirve para formalizar la entrega del informe de gestión y la constancia del estado real de la cosa pública. Este último asunto resulta de vital importancia para garantizar que las responsabilidades de la actividad estatal de la administración saliente queden debidamente consignadas antes del inicio de labores del presidente electo Iván Duque, especialmente a la luz de la corrosiva oposición de la hora actual, que responsabiliza al gobierno entrante por un mandato que aún no ha comenzado.

En agricultura, la sanidad institucional es lamentable. El Ministerio del ramo parece un cascarón vacío sin idoneidad técnica suficiente para ejercer como rector de la política agropecuaria del país. Pese al panorama rosa pintado por el ministro saliente en el marco del informe presentado a la comisión de empalme agropecuario, la tercerización de sus funciones y la reducción presupuestal proyectada de 2,4 billones de pesos del 2018 a 1,4 billones de pesos en el 2019 confirman la ausencia de prioridad agraria de la presente administración, salvo en lo atinente a la repartija burocrática. De acuerdo con la confesión divulgada por La W del excongresista Musa Besaile, titulada ‘la ruta de la mermelada’, el gobierno clasificaba las entidades agropecuarias (Banco Agrario, Finagro, ICA, Incoder) por su importancia presupuestal y regional, con las que pagaba los apoyos parlamentarios.

Las entidades adscritas a la cartera de Agricultura también evidencian un panorama desolador. La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), creada en el 2015 para ejecutar la política territorial del Ministerio, incumple los preceptos constitucionales de la Sentencia C-614/09, que prohíben la celebración de contratos de prestación de servicios para desempeñar funciones de carácter misional. La ADR cuenta con 114 funcionarios de planta, pero está en manos de 500 consultores y 336 empleados temporales, que según la Contraloría General de la República, ponen en riesgo la estabilidad misional y la memoria institucional. La ejecución de la mitad de sus recursos se encuentra en cabeza de agencias de las Naciones Unidas, pese a la prohibición expresa contenida en la Ley 1150 de 2007, según la cual “las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración o gerencia de sus recursos con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional”.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) encargada, desde el 2015, de coordinar la intervención en las zonas afectadas por el conflicto, y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) creada igualmente en el 2015 para ejecutar la política de ordenamiento de la propiedad rural, van por el mismo camino ante la insuficiencia de personal de planta permanente, que según la Contraloría, ambas suplen con una tercerización de funciones misionales a través de la suscripción de contratos de prestación servicios y convenios. En el caso de la ART, estas transacciones se estructuran acorde con las propuestas de los operadores, cooperantes o vinculados, lo que genera riesgos significativos de eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos estatales.