Argentina: termina la guerra con los ‘buitres’

Tras 15 años de disputa legal, el Gobierno argentino y los fondos tenedores de deuda externa han llegado a un acuerdo mediante el cual Argentina pagará 5.000 millones de dólares en efectivo y con nuevos bonos y, por su parte, los fondos acreedores aceptaron una reducción de sus acreencias de 25 por ciento.

Tras la moratoria argentina del 2001 por 100.000 millones de dólares, el 93 por ciento de los acreedores aceptaron renegociar sus bonos con reducciones de alrededor del 65 por ciento, pero los demás se negaron y entregaron sus títulos a fondos especulativos, los cuales recurrieron legalmente para el pago. El juez Thomas Griesa, del circuito de Nueva York, falló en contra de Argentina, condenándola a pagar a los fondos y bloqueó los pagos que el Gobierno argentino hacía por los bonos reestructurados.

Argentina promulgó las leyes que impiden hacer nuevas ofertas a los acreedores con deuda en default y obligan a que los litigios se adelanten en tribunales argentinos, pero para poder cumplir el presente acuerdo el parlamento deberá derogar dichas normas.

En su campaña, Macri se comprometió a solucionar el impasse con esos acreedores, pues el desacato al fallo de Griesa ha bloqueado el acceso al crédito externo y el Gobierno argentino requiere recursos para adelantar el Plan Belgrano para el desarrollo de infraestructura en el norte del país por un monto de 16.000 millones de dólares en 10 años.

Durante su gestión, la presidenta Cristina Fernández se negó a acatar el fallo del juez, calificando como ‘buitres’ a los fondos acreedores, y logró que la ONU aprobara una resolución que establece que si la mayoría de acreedores acepta una reestructuración de sus deudas, la minoría deberá acogerse también al acuerdo. Esta tesis, impulsada por el nobel Joseph Stiglitz y otros académicos busca salvaguardar el margen de negociación de los gobiernos, que les permita renegociar la deuda soberana. Sin embrago, nada indica que una declaración política de ese tipo pueda impedir los procesos jurídicos que los acreedores puedan adelantar en tribunales internacionales.

Adicionalmente, el Griesa ha anunciado que podría suspender la prohibición de pagos por parte de Argentina a los tenedores de bonos reestructurados, pero los fondos demandantes han apelado contra esa posibilidad por estimar que hasta tanto el Gobierno argentino no haya derogado las mencionadas leyes y no se haya concretado el pago hacia ellos, no se debe levantar la prohibición de pago, ya que ello constituye un instrumento de presión a su favor.

Argentina vive una difícil situación económica, pues tras el sinceramiento de la paridad cambiaria la inflación ha aumentado al 30 por ciento, hay múltiples disputas por las ventas anticipadas de divisas que dejó establecidas el anterior gobierno, y hay protestas por el aumento de los servicios públicos.

Macri heredó una deuda desproporcionada que no se utilizó productivamente, pero en la difícil situación que atraviesa, necesita superar este conflicto para reingresar a los mercados internacionales.

Profesor U. Nacional y Externado

beethovenhv@yahoo.com