A cada cual, lo suyo

Pocos colombianos saben qué es el sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales, hasta que se les habla del Sisbén, cuyo nombre es ampliamente conocido. A fin de cuentas, tres de cada cuatro ciudadanos están inscritos en este instrumento, que tiene como propósito identificar y clasificar hogares, familias y personas a los que se les asignan puntajes acordes con sus condiciones de vida.

La metodología de valoración ha evolucionado con el tiempo y depende de la aplicación de un formulario que considera el entorno en el que habita un individuo. En la medida en que las carencias son mayores, la calificación se acercará a cero, mientras que para alguien acomodado, el número se aproximará a 100, anotando que en cada caso es fundamental la calidad de la información que se recibe. Dicho de manera más precisa, si alguien miente sobre su nivel de educación, o el espacio que tiene en su casa, recibirá una nota más baja.

La herramienta es fundamental para la asignación de beneficiarios de 26 programas estatales que involucran recursos cercanos a los 21 billones de pesos anuales. La lista comprende, entre otros, a Familias en Acción, Ser Pilo Paga o Adulto Mayor, al igual que a los usuarios del régimen subsidiado de salud.

Los criterios de escogencia en cada caso no son los mismos porque las poblaciones específicas son distintas. Pero sin entrar en honduras, es evidente que aquel que viole el código de honor de contar la verdad sobre su situación podrá obtener ayudas a las que no tiene derecho.

Las pesquisas adelantadas por Planeación Nacional sugieren que existe un problema serio. Hasta la fecha, la entidad ha logrado depurar 250.000 registros, lo cual equivale a una revisión de los puntajes para que cada cual ocupe el lugar que le corresponde en la fila. El esfuerzo, sin embargo, es dispendioso, pues requiere la participación activa de los alcaldes, algunos de los cuales colaboran y otros no.

Sobra decir que la legitimidad del proceso depende de que las reglas de clasificación se les apliquen por igual a todos. Cuando comienzan las trampas, se corre el peligro de que la bola de nieve de la corrupción aumente de tamaño, ante lo cual es obligatorio adoptar correctivos. En efecto, el Gobierno evalúa experiencias de otras latitudes que permitan aumentar el grado de veeduría de la comunidad, algo que puede incluir la recepción de denuncias, como ocurre en Brasil.

No obstante, el esfuerzo merece ser integral. Un paso lógico sería utilizar las dos docenas de bases de datos que reposan en diferentes entidades estatales, con el fin de detectar duplicaciones e irregularidades. Otro debería llegar hasta la aplicación de sanciones para los abusos más graves, como el de aquel que sin ser pobre recibe una casa gratis, o el estudiante al que se le paga la universidad por cuenta del erario, a pesar de que su familiar tiene el dinero para la matrícula.

No menos importante es atacar un problema clave. Las pesquisas realizadas hasta ahora muestran que la gente prefiere quedarse en la informalidad para no ver afectado su puntaje y, especialmente, perder el acceso a la salud subsidiada, pues los beneficios que otorga el régimen contributivo son equivalentes. La diferencia es que al seguir por debajo del radar, muchas personas se evitan un descuento en su nómina y de paso les cuestan menos a sus patronos.

El problema es que aquí vuelve a aplicarse aquel refrán según el cual ‘lo barato, sale caro’, pues el avance en los indicadores de progreso social, eventualmente, se ve entorpecido. Esa es una razón más para darle una revisada de fondo al Sisbén y así cumplir el propósito con el que fue creado, sin dejar secuelas indeseables. Al respecto, hay un documento Conpes en preparación que debería ser audaz en sus propuestas e ir incluso hasta rehacer la base de usuarios del sistema, con el objetivo de que cada quien reciba lo que le corresponda. Ni más, ni menos.

Ricardo Ávila Pinto

Director Portafolio

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@ravilapinto