La alianza por el Pacífico

Es una práctica común en América Latina, al igual que en Colombia, pretender resolver todos los problemas apelando a las leyes. Esto se traduce en el idealismo de creer que solo a través de la expedición de normas aprobadas por el Congreso es posible corregir todo aquello que, como sociedad, consideramos pernicioso o negativo.

Por supuesto que la definición de un marco jurídico es indispensable para configurar transformaciones estructurales, pero en múltiples ocasiones lo usual es quedarse con la ley y su letra, a veces muerta, sin las acciones continuas requeridas para que el país pueda enfrentar males incubados por décadas.

Algo de ese tenor ha ocurrido con las leyes antidiscriminación. Las medidas, de espíritu loable, fueron adoptadas para proteger a las minorías y evitar que las personas fueran excluidas por cuenta de su sexo, raza o condición. Como consecuencia, de vez en cuando son desempolvadas para repudiar a quien, sin moderar su lengua, haya lanzado algún comentario torpe, imprudente o sectario que afecte a las comunidades Lgbti, afrodescendiente o indígena.

La mayor sensibilidad de la ciudadanía hacia el tema es un cambio positivo. Pero la pregunta de fondo es si estas medidas, en su concepción más práctica, están resolviendo la exclusión de las minorías.

En el caso de la población afrodescendiente en Colombia, la cual se concentra principalmente en la región del Pacífico, existen situaciones escalofriantes. No solo enfrenta la peor condición de pobreza en el país, sino que la calidad de la infraestructura, la vivienda, los servicios públicos, la seguridad, del acceso al crédito, a la educación de calidad y a la salud, son precarios. Se trata, en definitiva, de la peor exclusión social, geográfica y, por supuesto, política.

La reflexión es válida cuando se tiene en cuenta que hace pocas semanas tuvo lugar en Cali –la ciudad con mayor población negra en Colombia– una cita con la presencia de varios presidentes, con ocasión de la formalización de la Alianza del Pacífico. Allí se mostró el potencial de un mercado conjunto de 200 millones de habitantes que suma el 50 por ciento del comercio regional, el 34 por ciento del PIB de América Latina y el Caribe, y que al mismo tiempo, permite un acceso privilegiado a economías que representan el 85 por ciento del producto mundial, por cuenta de los tratados de libre comercio suscritos por todos sus integrantes.

Por tal motivo, aparte de celebrar la conformación del bloque, vale la pena insistir en que el éxito solo tendrá lugar cuando el nuevo esquema se pueda materializar en los habitantes de los departamentos de la zona. Ello implica corregir la situación histórica en la que el comercio y la riqueza pasan por carreteras y puertos, sin mejorar estructuralmente las condiciones de vida. Una Alianza del Pacífico sin el Pacífico sería una consecuencia inexplicable de un avance estratégico tan importante.

Muchas personas piensan que estas concepciones constituyen una exageración. En consecuencia, hay que recordar que la población afrodescendiente de Colombia es tan grande como la de Sierra Leona, el doble de la de Botswana, la mitad de la de Somalia o el 60 por ciento de la de Burundi, lo cual nos coloca a la par o por encima de conocidas naciones africanas. En Perú o México hay también números importantes de personas de raza negra, pero en nuestro caso la cifra es mucho mayor.

Así las cosas, hay que entender que hay ahora otra oportunidad para lograr que una gran masa de colombianos pase de la exclusión más cruda a encontrar un camino para mejorar sus instituciones, su infraestructura, su capital humano y su ingreso per cápita. El papel del Estado estará a prueba y tendrá que demostrar que fuera de leyes que sancionan las conductas excluyentes, puede incluir a la población afrodescendiente en la repartición de la torta.