Más allá del debate
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Al cabo de muchos ires y venires, por fin el Ministerio de Agricultura radicó en el Capitolio, el miércoles pasado, el proyecto de ley “por medio del cual se crean nuevas modalidades de acceso a la propiedad de la tierra y se modifica el régimen de baldíos”.
La iniciativa había sido prometida por la administración Santos, tras haber estallado el escándalo sobre supuesta ocupación y acumulación de predios de forma ilegal por parte de una serie de empresas, un tema que deberá ser definido en su oportunidad por la justicia.
El volumen del debate no solo dejó en claro los vacíos del régimen existente, sino que creó un alto grado de incertidumbre en torno a la viabilidad de explotaciones de un tamaño superior al de una unidad agrícola familiar.
En su interpretación más restrictiva, no solo la posibilidad de proyectos extensivos quedaba cerrada en buena parte del país, sino que se volvía posible cuestionar la adjudicación de áreas que hubieran sido entregadas antes de 1994, cuando se expidió la Ley 160 que trató el asunto.
En consecuencia, la propuesta no solo busca acabar con las distintas lecturas que se han hecho, unificando las posturas.
También se persiguen otras metas que, de conseguirse, permitirían que el país mejore su situación en un tema crítico, como es el de distribuir mejor la tierra y proteger zonas que son de la nación.
Y es que para nadie es un misterio que esta es una de las grandes asignaturas pendientes de Colombia. Quienes han analizado las múltiples cicatrices que nos ha dejado la historia, tienen claro que contamos con niveles de concentración de la propiedad rural muy altos, peores que en la mayoría de países de América Latina.
Las causas de que ello sea así son variadas e incluyen la estela de sangre que han dejado los actores violentos como protagonistas de una larga tradición de despojos. Pero en esa lista también tiene que ver la asignación de baldíos, que nació con la colonización de vastas zonas del territorio desde finales del siglo XIX y que en algún punto sirvió para la creación de múltiples latifundios.
Aunque buena parte de ese patrimonio común ya fue distribuido, todavía quedan extensiones considerables.
El área precisa se desconoce, entre otras razones porque no existe un censo ni siquiera aproximado sobre lo que queda. De la misma manera, los criterios usados hasta la fecha merecen una reforma profunda.
En tal sentido, el proyecto presentado esta semana es útil a la hora de facilitar el acceso de los campesinos a los baldíos.
La propuesta es que el requisito de ocupación previa se reduzca de cinco a tres años y que el límite superior de patrimonio para los elegibles quede en 400 salarios mínimos, pues el nivel actual es tan alto que no hay un verdadero filtro.
Igualmente, hay que destacar el propósito de eliminar la colonización espontánea, con lo cual el dominio de los baldíos queda en manos de la nación. Las áreas reservadas pueden ser destinadas a pequeños productores y en ciertos casos se podrán arrendar o concesionar, para lo cual se crea la figura de las zonas de desarrollo económico y social.
No menos importante es la adopción de incentivos en favor de la asociatividad. La intención es que los proyectos que se conformen bajo este esquema manejen extensiones más grandes que las que hoy se permiten.
Estas y otras propuestas merecen ser estudiadas por parte del Congreso.
En la medida en que dicha labor se haga de forma juiciosa, se podrá contar con un articulado mejorado que sirva para impulsar el desarrollo en las zonas rurales. Por tal motivo, sería un error reducir el debate a la fuerte disputa que tiene enfrentados al Ministro de Agricultura y al Polo Democrático.
Porque de lo que se trata aquí es de diseñar un esquema que permita el progreso de los campesinos y no dejar que una iniciativa que vale la pena considerar seriamente sea consumida en la hoguera de las vanidades.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
Twitter: @ravilapinto
*Al cierre de esta edición el presidente Juan Manuel Santos publicó el siguiente trino:
"He pedido retirar proyecto sobre baldíos para garantizar que se ajuste a los principios que hemos establecido para el desarrollo del campo".
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