‘El año del Congreso’

Este domingo 20 de julio se instala la cuarta y última legislatura del gobierno de Gustavo Petro y cierra oficialmente un año en el que las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se caracterizaron por las tensiones, los ataques y las presiones. Ya la Casa de Nariño ha anunciado varios proyectos de ley de corte económico para este último tramo del cuatrienio, que incluyen una nueva reforma tributaria, el presupuesto 2026, la ley de competencias y el de las tarifas de energía eléctrica.

Hay un dicho tradicional en los pasillos del Capitolio que solía representar acertadamente la dinámica de relación entre la Presidencia y el Congreso de la República: “El primer año es del Gobierno, el segundo es compartido, el tercero es del Congreso y el cuarto es de nadie”. En otras palabras, las mayorías legislativas respaldan al arranque del mandato la agenda del Ejecutivo; luego combinan esos proyectos oficiales con una mayor voz parlamentaria; el tercer año es de control legislativo y, en el último, la reelección es lo más importante.

La tercera legislatura- esto es, la que se dio entre julio del 2024 y junio pasado- representó casi que de forma calcada el conocido refrán político, esto es, un ‘Año del Congreso’. El parlamento protagonizó intensos debates con el Gobierno en torno a asuntos de la agenda pública. Un ejemplo se dio con la inédita negativa del Legislativo al proyecto de Presupuesto para 2025. Si bien las alertas sobre la crisis fiscal se dispararon desde muy temprano en la administración Petro, los argumentos técnicos fueron tomados por muchos congresistas y derivaron en un hundimiento de esta iniciativa. Este debate sobre las finanzas públicas condujo asimismo al rechazo parlamentario a una segunda reforma tributaria con las que el Gobierno buscaba cerrar la brecha.

Lo anterior no quiere decir que el Ejecutivo pasó en blanco esta tercera legislatura. De hecho, la Casa de Nariño logró la aprobación de la reforma laboral, uno de los tres proyectos del paquete reformista de Palacio. No obstante, la ausencia de una real coalición gubernamental y las negociaciones al detal con facciones de los partidos redujeron, según un informe de la firma Orza, la eficiencia legislativa del Gobierno del 33% al 22,6%.

Esta luz verde a la reforma laboral fue sin duda el resultado de una nociva estrategia del Gobierno basada en el chantaje plebiscitario, al usar la convocatoria a una consulta popular sobre el articulado para presionar a los congresistas. Junto a esta amenaza de este mecanismo de participación, el Gobierno, y el propio presidente Petro, tensionaron al máximo, con ataques de corte populista, el necesario equilibrio de poderes.

Más aún, incendiarias declaraciones presidenciales pintaron al Legislativo, en específico al bloque opositor y al independiente, como un “enemigo” a la agenda de la Casa de Nariño e incluyeron serios señalamientos personales en contra de líderes del Congreso. El constante ataque de la Presidencia llevó al extremo al esquema de pesos y contrapesos. Afortunadamente, los parlamentarios resistieron esos embates y ratificaron ese valioso rol democrático del Congreso como balance al amplio poder del Ejecutivo.

La última legislatura, el ‘año de nadie’, combina un paquete de proyectos con una tradición de una pérdida de atención y ritmo del trabajo legislativo por la campaña electoral. Si a lo anterior se suma el bajo capital político del Gobierno, se perfilarían en el horizonte nuevas tensiones y otra oportunidad para confirmar ese invaluable papel de contrapeso del Congreso.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

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