Atizando discordias

04.10.2013 00:53 Actualizado: 04.10.2013 00:53

No es fácil la situación en inmediaciones de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré en Córdoba, por cuenta de la protesta que adelantan centenares de indígenas de la etnia Zenú en contra de Cerro Matoso.

Desde hace meses, las comunidades que habitan en la zona han alegado que su calidad de vida se ha visto perjudicada debido a la presencia de la empresa, que, desde hace tres décadas, explota el níquel y lo procesa con el fin de producir ferroníquel, un compuesto que sirve para la elaboración de acero inoxidable.

Según las denuncias, tanto la extracción de la materia prima, como el proceso industrial que incluye la molienda de la roca y su paso por un alto horno, han contaminado y empobrecido las fuentes de agua, deteriorado la calidad del aire y afectado la biodiversidad en los corregimientos aledaños.

Los efectos de tal operación se habrían traducido en enfermedades respiratorias y cutáneas, aparte de malformaciones en los recién nacidos, entre otros males.

Las quejas arreciaron en tiempos recientes y han aparecido en diversos artículos de prensa. En respuesta, la empresa ha respondido que mantiene estándares elevados de protección al medio ambiente para evitar efectos nocivos en su área de influencia.

Con el fin de ayudar a zanjar la controversia, la Agencia Nacional Minera incluyó el año pasado la necesidad de que se realice un estudio para establecer la verdad, entre las cláusulas que permitieron la prórroga del contrato de concesión a Cerro Matoso hasta el 2042.

Además, la compañía ha señalado que está abierta a conversar y asumir su responsabilidad, si así lo indican los dictámenes.

Uno de los experimentos de acercamiento entre las partes tuvo lugar hace seis meses, cuando el periodista Juan Gossaín logró sentar en la misma sala al gobernador de los zenúes del Alto San Jorge, Irrael Aguilar, y el entonces presidente de Cerro Matoso, Ricardo Escobar, en lo que parecía ser el comienzo de un diálogo fructuoso.

No obstante, todo indica que dicho intento no salió bien. Así lo sugiere la demanda penal presentada contra las personas que han ocupado la presidencia de la empresa desde 1997, al igual que los integrantes de su junta directiva a partir de ese año.

El caso, pendiente de resolución en un juzgado de Montería, es el resultado de más de mil poderes firmados por indígenas y extrabajadores de la sociedad, entregados al abogado Abelardo de La Espriella. Este, además, ha anunciado que llevará el tema al Reino Unido, en donde se encuentran las oficinas de BHP Billiton, propietaria de Cerro Matoso.

Mientras el aparato judicial se mueve, las protestas han aumentado. En días recientes, estas incluyeron el bloqueo parcial de las vías en los municipios del área, y hace un par de días la entrada a la fuerza a las instalaciones de la empresa por parte de 300 manifestantes.

Como resultado de dicho accionar, fue necesario apagar el horno y suspender el proceso fabril.

Según los líderes del movimiento, lo sucedido fue resultado de la intransigencia de la compañía para atender sus peticiones, a la hora de pagar una indemnización en dinero. Ese habría sido el motivo por el cual fracasó una reunión que tuvo lugar en el caserío de Puente de Uré el fin de semana, con la presencia de 3 viceministros y otros funcionarios.

La oferta gubernamental incluía nueve puntos que van desde la constitución de un resguardo hasta una mejor atención en salud.

Pero el problema parece ser de plata, y no es poca. Las peticiones hechas a Cerro Matoso ascienden a 700 millones de dólares, una suma considerable.

Sobre cómo se repartiría la torta hay todo tipo de rumores. Por eso, hay quienes citan las palabras de Juan Gossaín cuando hizo votos para que cualquier entendimiento que se dé favorezca a los zenúes, y no a los políticos ni a “los abogados marrulleros que viven de atizar las discordias ajenas”.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto