Balance negativo

No hay muchos motivos para cantar victoria tras el veredicto emitido por la Corte Internacional de Justicia ayer en La Haya.

Si bien la sentencia ratifica la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y todas las islas y cayos correspondientes, el balance es negativo para el país por cuenta de la pérdida de cerca de 100.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas que venían apareciendo en los mapas como nuestros y que en un futuro cercano pasarán a Nicaragua.

En respuesta, no faltará quien recuerde la consideración que hizo el alto tribunal con sede en Holanda.

El tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 –cuya validez quedó ratificada– no hizo una delimitación, sino simplemente sirvió como una línea de referencia, ante lo cual fue necesario llenar el vacío y trazar la frontera.

El resultado es sabido. Para dibujar el nuevo mapa, la Corte decidió utilizar como punto de referencia únicamente las zonas habitadas, con lo cual se crearon enclaves de hecho en Serrana o Quitasueño. Estos últimos tendrán derecho a una zona de 12 millas náuticas a su alrededor, de acuerdo con lo que pregona el derecho internacional, pero estarán circundados por aguas nicaragüenses.

A primera vista, esto podría ser una dificultad, pero el fallo implica que los derechos de navegación no se verán afectados y no habrá cortes en la comunicación entre los cayos y el resto del archipiélago o el continente.

En cambio, el verdadero costo tiene que ver con el acceso restringido a áreas de pesca, en las que venían faenando embarcaciones colombianas. Aunque existe la intención de que las labores artesanales continúen en el caso de los colombianos que ingresen a la que pasa a ser área de Nicaragua, es innegable que la sostenibilidad de las poblaciones de caracol o langosta se verá afectada, lo cual atenta contra el modo de vida y el bienestar de los sanandresanos.

Más compleja aún es la explotación de la plataforma submarina, en la que, según los prospectos, podría haber yacimientos de petróleo. En el pasado reciente, Ecopetrol y Repsol recibieron un par de bloques en la zona, pero se abstuvieron de firmar los contratos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos tras las inquietudes expresadas por las autoridades isleñas en relación con eventuales daños ambientales, resultantes de actividades exploratorias.

Falta ver si los nicaragüenses, que no han ocultado su intención de conceder licencias para la búsqueda de crudo, escuchan el clamor de una comunidad que pretendía proteger formaciones coralinas invaluables.

No obstante, es muy probable que el Gobierno de Daniel Ortega le dé luz verde a más de una compañía que estaba atenta al desarrollo de los acontecimientos en La Haya y que les ofrece a los centroamericanos la posibilidad de dejar de depender de los suministros petroleros que reciben de Venezuela.

Dicha posibilidad sirve de ejemplo para argumentar que la pérdida, resultado de lo dicho por la Corte, no se puede cuantificar todavía, sino que solo podrá ser calculada con el paso del tiempo.

A lo anterior, se le podrían agregar los costos derivados de la menor seguridad en esa parte del Caribe, que es una ruta para el tráfico de armas y narcóticos, en donde la Armada Nacional venía realizando labores de interdicción.

Si bien en su intervención de anoche el presidente Juan Manuel Santos quiso mantener encendida una luz de esperanza, lo que pueda hacer el país simplemente demorará lo inevitable.

La razón de fondo es que las determinaciones del tribunal son inapelables y no hay instancia en cual revertirlas.

Por eso, es mejor empezar a trabajar en un escenario realista, a menos que Colombia decida cambiar su tradición de respeto al derecho internacional, algo que abriría una caja de ‘Pandora’ de consecuencias incalculables.