Un solo bolsillo

Dice el conocido refrán que ‘a la tercera va la vencida’. Esa es la máxima que aspira a poner en práctica un grupo de senadores, que esta semana volvió a radicar en el Capitolio un proyecto de ley que busca redefinir la manera en la que se establecen los precios de la gasolina en Colombia, con la intención de que el galón de combustible baje cerca de 2.000 pesos.

Encontrar opositores a la idea es difícil. Y es que no solo los camioneros que protestan por su situación apoyan una rebaja, sino que también lo hace la ciudadanía en general. Incluso el cardenal Darío Castrillón estuvo en el Congreso y afirmó que el esquema vigente es injusto. El argumento expresado por el religioso es simple: “no podemos tener una gasolina más cara cuando tenemos producción de petróleo que otros países no tienen”, dijo.

Si bien las comparaciones son odiosas, quienes deben tanquear su vehículo saben que el costo de hacerlo en el país es mucho más alto que en Ecuador, para no hablar de Venezuela, en donde –si se hace la conversión del bolívar a la tasa paralela– la diferencia puede llegar a ser de cuarenta a uno. Además, los que vienen de Estados Unidos cuentan cómo los combustibles son más baratos allá, a pesar de que el ingreso por habitante en el coloso del norte quintuplica el de un colombiano promedio.

Frente a esos planteamientos, la respuesta oficial es la misma. El precio de la gasolina en Colombia equivale a su cotización internacional, a la cual hay que agregarle, principalmente, una carga tributaria que se divide entre lo que le llega al Gobierno Nacional a través de un impuesto de valor fijo y lo que reciben los municipios por cuenta de una sobretasa que asciende hasta el 20 por ciento.

Ante tal situación, hay varias posibilidades. Una es eliminar los tributos, lo cual golpearía los fiscos a todo nivel. La oposición a cualquier recorte es grande, especialmente en el plano local, como demostró el Concejo de Valledupar, que rechazó una propuesta en ese sentido.

La otra opción es pagarle menos al productor, que en este caso es Ecopetrol. Aunque esa es la alternativa que muchos prefieren, impactaría negativamente las finanzas de la compañía estatal, cuyas utilidades caerían. Si eso ocurre, también disminuiría lo que esta paga por impuesto de renta, así como el giro de dividendos a su principal socio, que es la Nación, poseedora del 90 por ciento de las acciones de la empresa.

Así las cosas, los conocedores del tema insisten en que el país puede optar por bajar la gasolina, pero que esa decisión no será gratuita, y por la cual alguien tendrá que pagar. Si es el Estado, vale la pena tener en cuenta que cada mil pesos de subsidio a un galón de combustible equivale a 2,6 billones de pesos al año. Dicha suma es una vez y media lo destinado al programa Familias en Acción o similar a lo recibido por las universidades públicas.

En consecuencia, es necesario preguntarse quién saldría beneficiado de un recorte. La encuesta de calidad de vida del Dane muestra que en el 2008, dos terceras partes del consumo de gasolina corriente y extra fueron por cuenta del 20 por ciento más rico de la población, mientras que el 20 por ciento más pobre apenas usó el 3 por ciento. En el caso del acpm, las proporciones fueron 57 y 3 por ciento, respectivamente.

Por lo tanto, si de equidad se trata, sería absurdo subsidiar a la gente de mayor poder adquisitivo. De hecho, lo lógico es que el precio interno alcance su nivel de equilibrio, que debería ser casi 500 pesos por galón superior al actual. Como no hay quién agarre esa ‘papa caliente’, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles tiene un déficit que a junio sumó 3,5 billones de pesos, y que posiblemente seguirá al alza porque pocos quieren hablar de una verdad incómoda, y esta es que la cuenta tendrá que ser cancelada. Con una mano o con la otra, pero siempre con cargo al mismo bolsillo.