Inicialmente el debate estuvo restringido a la junta directiva de la empresa, pero a raíz del encontrón que tuvieron el Ministro de Hacienda saliente y el presidente de Reficar en un comité, a mediados de agosto, el tema salió a la luz pública.
La razón del escándalo es evidente. El proyecto va en 4.854 millones de dólares, cifra que no solo es muy superior a los 2.000 millones que se mencionaron a mediados de la década pasada cuando empezó el proceso, sino que es mucho mayor que los 3.777 millones de dólares aprobados en el presupuesto de mayo del 2009. A causa del incremento, han abundado los rumores y, por supuesto, las suspicacias.
Como si lo anterior fuera poco, existe un atraso inquietante. A finales de julio, frente a una meta de cumplimiento de las obras del 77 por ciento, el dato real era del 70 por ciento, y esto después de haber revisado el cronograma hace unos meses. El cuello de botella es la construcción de las instalaciones, que va en 27 por ciento, frente a un programado del 40 por ciento. Así las cosas, la producción que debería haber comenzado en junio del 2013 empezará en forma secuencial en septiembre del próximo año, si se recupera el terreno perdido.
Es fácil, por lo tanto, desgarrarse las vestiduras e insinuar que existe gato encerrado en el que es el desarrollo industrial más grande en la historia de Colombia. Pero lo que cabe en estos casos es mirar las cosas con cabeza fría, tomar correctivos que funcionen e incrementar la presión sobre el contratista, que es el verdadero responsable del atraso. Al mismo tiempo, Reficar tiene que salir a la luz pública y hacer reportes periódicos sobre los avances, para que no quede pregunta sin respuesta.
Solo así será posible enmendar la plana de una iniciativa que no comenzó con el pie derecho. Si se trata de hacer un juicio sobre los errores cometidos, hay que enfocarse en el Gobierno anterior que fue el que creó un esquema gracias al cual la multinacional Glencore se quedó con el 51 por ciento de Reficar en el 2006 y escogió a la firma norteamericana CB&I para que hiciera la ingeniería, a pesar de que esta nunca había construido una refinería.
Y cuando Glencore dijo, en el 2008, que no había conseguido la financiación y amenazó con parar la obra, la Casa de Nariño presionó a Ecopetrol para que le comprara las acciones por un valor, que en su momento, varios consideraron excesivo. Para colmo de males, el contrato con CB&I ya estaba firmado, ante lo cual se impuso la opción de aplicar aquel refrán que dice que “más vale malo conocido”. Quizás la equivocación en ese entonces fue acordar una remuneración fija, lo cual quita presión para que las cosas se hagan a tiempo y dentro del presupuesto.
Dicho lo anterior, hay que reconocer que la refinería es un proyecto que le conviene a Ecopetrol, al país y a la industria petroquímica en Colombia. Para comenzar, las 14 plantas en construcción van a procesar el doble del petróleo que la instalación antigua, entregando gasolina y Acpm que se ajusta a estándares modernos de contenido de azufre. Además, se va triplicar el abastecimiento de propileno, que hoy se importa en su mayoría. A lo anterior, hay que agregar más de 8.000 empleos generados y el impulso al área de Cartagena.
Pero, sobre todo, vale la pena tener en cuenta que el costo de la refinería, de 31 dólares por barril, es inferior al de otras cinco iniciativas en marcha en Brasil, Ecuador y México. Gracias a ello, la rentabilidad para Ecopetrol es del 12 por ciento, una tasa aceptable. Por tal razón, al tiempo en que se debe insistir en más transparencia, que los plazos se cumplan y las fallas actuales se corrijan, no hay que condenar a Reficar a la hoguera. Hacerlo puede complacer a la galería, pero sería una equivocación garrafal.
RICARDO ÁVILA PINTO
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