La decisión del Ministerio de Educación de lanzar el Programa para la Transformación de la Calidad Educativa mediante una travesía por los puntos extremos del país, ha enfrentado a su titular a una realidad del sector, conocida, pero nunca asumida en carne propia.
El viaje ha servido para visitar algunas de las 3.000 escuelas con los más bajos resultados académicos del país, y que son el objetivo de ‘Todos a aprender’, como también se conoce al programa que viene a complementar el de la gratuidad de la educación.
En instituciones educativas de Leticia, Puerto Carreño, Corinto, Tuchín y Quibdó, en dos de ellas con la presencia del Presidente de la República, se han entregado miles de los 8 millones 836 mil libros de matemáticas y lenguaje que comprende el programa.
Es claro que este propósito sirve al hecho de que en Colombia, como en otros países de América Latina, los problemas de gratuidad y cobertura están siendo superados, pero la calidad de la educación necesita alcanzar niveles de competencia y por eso hay que invertir inteligentemente ingentes recursos.
Los colegios tienen realidades comunes. Unas de ellas lindan con un universo infrahumano, inconcebible en el hecho de aprender y en el acto mismo de vivir: carencia de agua y equipamientos sanitarios básicos, ausencia de energía eléctrica, supresión de refrigerios y precarias o inexistentes conexiones a Internet, que apartan a miles de niños y jóvenes del mundo digital en el que deberían desenvolverse por un fundamental principio de equidad.
También faltan maestros.
Y los que existen fallan o dictan clases en salones con pupitres ruinosos y carentes, por ejemplo, de ventiladores en climas febriles. Niñas y niños le piden a la Ministra mejores instalaciones, una solicitud que abarca desde zonas deportivas dignas hasta mínimas condiciones de seguridad y protección.
En el fondo de esta situación que nos abofetea, hay otro problema colectivo. La incapacidad de las instituciones –nacionales, departamentales y munici- pales– de encontrar consensos en la solución de los inconvenientes que pueden paralizar por meses la actividad normal de los colegios.
Es en ese contexto que adquiere sentido la frase del presidente Juan Manuel Santos en el más reciente Acuerdo para la Prosperidad, celebrado en Quibdó: “la concertación enriquece las políticas públicas”.
No puede ser más claro el llamado a ministerios, gobernaciones, alcaldías, institutos y otros actores, entre ellos, los cabildos indígenas en los resguardos, a ponerse de acuerdo en las políticas, trámites y procesos para lograr la eficiencia y la dignidad de la educación en Colombia.
Una respuesta a ese llamado del gobernante es el Acuerdo de Voluntades firmado ayer por los Ministerios de las TIC, Educación y Minas, y las directivas de entidades como el IPSE y la OEI, para implementar soluciones de energía alternativa e incorporar las TIC en instituciones educativas ubicadas en zonas vulnerables.
Las habituales inculpaciones y disculpas que caracterizan nuestra cultura a la hora de encarar responsabilidades y compromisos, sólo conllevan atraso y frustración para los sectores más indefensos.
Es acertado, por lo tanto, el mensaje que pondrá a circular el Ministerio de Educación bajo el título ‘Yo me comprometo’.
Predica que la educación de niños y jóvenes colombianos es un pacto de toda la comunidad: alumnos, padres de familia, docentes, autoridades educativas, gobernantes, entidades, empresa privada y medios de comunicación. Y que si todos y cada uno de esos agentes establece con seriedad su compromiso en el proceso, el país podrá encumbrarse en mejores posiciones de desarrollo, equidad social, rendimiento académico y realización personal.
En el citado Acuerdo para la Prosperidad, el Gobierno se ha comprometido con una serie de medidas para resolver no sólo el problema de la educación.
Por eso debería impulsar claros mecanismos de concertación expedita entre las entidades, con el objetivo de hacer realidad la suma de cobertura, gratuidad y calidad que puede elevar el nivel educativo y, por consiguiente, un mejor país.