Más chantaje que paro

Es indudable que el complejo panorama que acompaña al paro cafetero y su impacto sobre la cotidianidad en diferentes regiones, se ha vuelto todavía más difícil por cuenta de la actitud de la Asociación de Transportadores de Carga y de la Asociación Colombiana de Camioneros, que el viernes pasado anunciaron una suspensión de actividades por parte de sus agremiados. Una vez más, el país se asoma a la posibilidad de trastornos mayores que, de prolongarse, pueden afectar seriamente la marcha de la economía y el clima social.

Como es sabido, los gremios citados se levantaron de una mesa de diálogo con el Ministerio de Transporte el pasado viernes, en protesta por el aumento de 159 pesos en el galón de Acpm. Sin embargo, cuando el Gobierno propuso posponer dicho incremento, la exigencia de vuelta fue un recorte de 2.000 pesos en el combustible, además de otra serie de peticiones.

Dicha solicitud, a decir verdad, no tiene viabilidad alguna, tanto desde el punto de vista financiero como político. Según las cuentas oficiales, una rebaja de tal magnitud implicaría un subsidio de cuatro billones de pesos, tan solo en el caso de la gasolina diésel. Semejante suma supera el presupuesto anual del Bienestar Familiar o la asignación para el programa Familias en Acción, para solo citar un par de ejemplos.

Sin embargo, el desacuerdo ha puesto de presente otra vez el tema del valor de los combustibles en Colombia, que volvió a las primeras páginas con ocasión de la aprobación de la reforma tributaria a finales del 2012. Tras varios ires y venires, en esa ocasión, finalmente el Gobierno aceptó un cambio en la fórmula de los impuestos que se aplican, con lo cual se produjo una disminución que resultó ser efímera por cuenta del comportamiento de los precios internacionales del petróleo.

Y es que este es el factor fundamental en el modelo que ha adoptado el país desde hace varios años. El propósito del mismo es que el costo de los combustibles a nivel interno sea equivalente al de exportarlos a las cotizaciones que fija el mercado. Si a dicho elemento se le suma una cascada impositiva importante, en la cual pesa mucho la sobretasa que nutre las arcas de los municipios, se llega a valores por galón que superan los de Estados Unidos, para no hablar de extremos conocidos como los de Ecuador y Venezuela.

Aun así, es falso que la gasolina que se paga en Colombia sea la más alta del hemisferio. Chile, Brasil, Costa Rica o Argentina se encuentran por encima en el caso de la corriente, mientras que en lo que hace al Acpm la lista la encabeza Perú, junto a algunos de los ya nombrados.

No obstante, vale la pena tener en cuenta que todavía no se ha llegado al nivel de paridad entre precios internos y externos. Cuando se aplica la fórmula vigente, se encuentra que el diésel debería estar en 8.849 pesos el galón, mientras que la gasolina tendría que llegar a 9.095 pesos. En otras palabras, aún falta subir los carburantes en 236 y 471 pesos, respectivamente.

De lo contrario, el déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios seguirá aumentando, después de haber acumulado un saldo en rojo de casi 3,2 billones de pesos al cierre de diciembre. Como ese dinero tiene que salir de algún lado, lo ideal es que en algún momento se generen excedentes que permitan enjugar el faltante, porque de lo contrario habría que hacer recortes en otros programas.

Debido a ello, es bueno que los colombianos entiendan que la política de subsidiar los combustibles no sale gratis, como tampoco la de darles la mano a los cafeteros u otros sectores. En consecuencia, no queda más que plantarse firme ante los camioneros, porque el palo no está para cucharas. Estos, a su vez, deberían ser realistas y abandonar la táctica del chantaje que puede servir a la hora de crear caos, pero no vale cuando se trata de encontrar soluciones.