Una cirugía mayor

Por fin, y después de meses de espera, el Gobierno radicó ayer un par de iniciativas por medio de las cuales aspira a darle un vuelvo al sistema de salud. Con la presencia del Presidente, el Ministro del ramo entregó ambos textos en el Capitolio, los cuales aspira a sacar antes de que termine la presente legislatura.

El primer proyecto tiene que ver con una ley estatutaria, que es una norma de categoría superior y cuyo propósito es regular un derecho fundamental, de carácter constitucional. El estudio les corresponderá a las comisiones primeras de Senado y Cámara, que tendrán que aprobar el articulado por mayoría absoluta y completar el trámite el 20 de junio.

No obstante, cuando se observa el calendario de apenas diez semanas de trabajo, es poco probable que el tema concluya con éxito. Aparte de las presiones de tiempo, existe otra propuesta de origen parlamentario que tratará de ser impulsada por sus promotores originales. Y para completar el panorama, lo entregado por el Ejecutivo no es de muy buena factura, pues se recibieron los insumos de un par de agremiaciones, sin que existiera un gran trabajo en su confección.

En cambio, no ocurre lo mismo con el segundo proyecto, que consiste en una ley ordinaria redactada en el Ministerio de Salud, tras una ardua labor y cuyo análisis les corresponde a las comisiones séptimas. A pesar de tener menos rango que la estatutaria, la meta de la iniciativa no es otra que ‘redefinir’ el sistema, lo cual implica hacer una cirugía a fondo del esquema que nació hace ya casi dos décadas.

Debido a ello, no hay duda alguna de que los debates importantes tendrán lugar en torno a los 67 artículos presentados. La razón es que si la propuesta gubernamental sobrevive, las reglas de juego serán muy distintas a las actuales, comenzando por los eslabones de la cadena.

El ejemplo más notorio es la anunciada desaparición de las EPS, un conjunto de entidades que se ganaron la enemistad de la ciudadanía. Justa o injusta, la animadversión contra la sigla es tal, que políticamente lo único viable es eliminarlas.

Sin embargo, hay transformaciones conceptuales que son de mayor trascendencia. Ese es el caso de la creación de una entidad financiera estatal que será la encargada de recaudar, administrar y girar los dineros de la salud, que tienen más de una docena de fuentes y destinos.

No menos importante es la definición de un nuevo plan unificado de beneficios, que debería servir para trazar linderos entre lo que corre por cuenta del Estado y lo que no. En un escenario ideal, las tutelas, cuyo abuso se convirtió en una vena rota, deberían desaparecer.

El tercer aspecto clave es el nacimiento de las gestoras de servicios de salud, en las que el sector privado tendrá una participación. En esta área, lo más interesante es la introducción del concepto de gestión y resultados, que obliga a impulsar mecanismos de prevención y atención temprana. En la medida en que mejoren los parámetros obtenidos, mayores serán las recompensas.

Aparte de esos elementos hay otros más, como la prohibición de la integración vertical, que en su momento creó polémica, o el papel de gobernaciones y alcaldías en el manejo del sistema. En respuesta, se han escuchado voces en el sentido de que en el proyecto se va demasiado lejos al sacrificar el modelo de aseguramiento o demasiado cerca, al mantenerles un espacio a los operadores privados.

Tales reacciones hacen pensar que las discusiones serán intensas, por la gran cantidad de intereses y recursos en juego. Existe el peligro de que más de uno pesque en río revuelto, por lo que el Gobierno debe tener los ojos abiertos. De lo contrario, se pondrían en peligro los logros de un sistema que tiene fallas a ser corregidas, pero cuya cobertura es de más del 90 por ciento de la población. Y esa conquista, no se puede perder.