La ciudad por decreto

Ayer, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció la expedición de un decreto con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la capital del país. Esta es una de las decisiones más importantes que haya tomado el burgomaestre en lo corrido de su mandato, dado su inmenso impacto en la vivienda, el sector de la construcción, el medio ambiente y el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, muy al estilo del mandatario local, el llamado POT no solo impondrá su particular visión, sino que se definió desde su despacho en el Palacio Liévano.

El plan tiene mucho de trascendental. Contempla las normas y reglas para la urbanización capitalina; hacia dónde se crece; qué, dónde y cómo se construye, y de qué manera se distribuyen las distintas actividades y equipamientos. En otras palabras, regula el uso del bien más preciado y escaso de una ciudad: su territorio. Ante la importancia de este documento, la administración lo presentó al Concejo para darle un debate democrático. No obstante, la comisión de Ordenamiento del Cabildo lo negó.

Y ahí radica el primer problema de la decisión del Alcalde. En los gobiernos de Enrique Peñalosa y Antanas Mockus, el proyecto de acuerdo del POT se hundió y, ante esta falta de avance en el trámite normativo, los burgomaestres procedieron a expedirlos por decreto. En esta ocasión, los cabildantes votaron negativamente la propuesta del Distrito. Al expedirlo por decreto, Petro pasa por encima de la decisión del Concejo que, por pésima imagen que tenga, sigue siendo el cuerpo colegiado de la ciudad, elegido por voto popular. Para un político que se precia de su talante democrático y de su respeto por la Carta de 1991, y que criticaba el autoritarismo de sus opositores, esta es, por lo menos, una determinación incoherente.

Al debate político que rodea este POT por decreto se le sumaron ayer varias controversias jurídicas que garantizan una lluvia de demandas contra la decisión. Para unos críticos, entre ellos la Veeduría Distrital, los cambios que la alcaldía de Petro le está introduciendo a este plan son tantos y de tal profundidad que superan las modificaciones legales y constituirán un nuevo. Por su parte, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao, dijo que la firma del decreto es “ilegal y tenemos como argumento la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado”. Según el jefe de esta cartera, como el Concejo negó el proyecto, su expedición va en contravía de la ley. El Gobierno Nacional demandará esta decisión de la administración capitalina.

El trámite que tuvo el POT en el Concejo permitió conocer algunas de sus más polémicas propuestas. Para Camacol, las cargas que impone la norma firmada por Petro atentan contra la actividad constructora y, además, dice que se avecina una gran caída en este sector, clave para el desarrollo de la ciudad. También hay dudas sobre la legalización, en algunos casos, de la mezcla de usos del suelo, lo que atenta contra las zonas residenciales.

Más allá del debate jurídico y de los legítimos temores de los constructores, el plan de ordenamiento le presentó al alcalde Petro una única oportunidad de construir un modelo de urbe con los insumos de otros grupos políticos. Para un burgomaestre, elegido y soportado por un tercio de sus gobernados, un POT apoyado por los bogotanos y aprobado en el Cabildo habría significado un momento de unidad y futuro, raro por estas épocas en Bogotá. Sin embargo, al optar por un decreto y no por seguir el pulso en el Concejo, el mandatario local le apostó a la batalla jurídica y a la confrontación política.

A las carencias técnicas que abundaban en el proyecto de acuerdo presentado al Concejo hoy, se añaden inquietudes legales, rechazo político y malestar ciudadano. En vez de persuadir a los habitantes de las bondades de su visión urbanística y de explicar por fin los instrumentos tangibles para enfrentar el cambio climático y reducirlos, el Alcalde prefirió imponerlos.