El consenso mata las reformas

Es difícil cuestionarle al presidente Juan Manuel Santos el afán que ha tenido, incluso desde antes de tomar posesión, hace casi un año, de garantizarle a su Gobierno el mayor respaldo político posible.

Además de los grupos que apoyaban a su antecesor (la U y el Partido Conservador) de la alianza para la segunda vuelta y el gobierno con Cambio Radical de Germán Vargas, y de la llegada luego del Partido Liberal –que ahora entrará a hacer parte del gabinete–, Santos acaba de conseguir un acuerdo con los líderes del Partido Verde, el ex candidato presidencial Lucho Garzón y el candidato a la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa así como con su bancada.

Tienen los verdes una pequeña, pero activa y respetada representación parlamentaria, así como una llegada importante a sectores de opinión que no han estado con Santos. Y el acuerdo, anunciado el 20 de julio por el primer mandatario, implica que dicha bancada respalde –como lo hizo con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras– la agenda parlamentaria del Ejecutivo y aporte, cómo no, sus propias iniciativas a la mesa de la Unidad Nacional. 

Además, como lo señalan algunos analistas, el pacto Santos-Partido Verde sugiere un apoyo tácito –que por ley no puede ser explícito– del Presidente a la aspiración de Peñalosa a la Alcaldía de la capital. Pero una cosa es comprender las ventajas que tiene para Santos y para el Partido Verde el acercamiento que protagonizan, y reconocer que sin duda es un paso que consolida el amplio apoyo con el que el Gobierno cuenta ya en el Congreso, y otra muy distinta es dejar de lado una obligada reflexión sobre los riesgos que comporta el hecho de que nueve de cada diez parlamentarios estén con el Presidente.

Las democracias requieren no sólo de gobiernos sólidos y estables, que cuenten con el respaldo necesario en la opinión pública y en las Cámaras legislativas para sacar adelante sus proyectos, sino también, y mucho, de una oposición respetada, activa y significativa desde el punto de vista de su representación parlamentaria, capaz de llevar a cabo el debido control político al Gobierno, para que opere el sistema de pesos y contrapesos que necesitan los Estados de Derecho.

En los años 80, el liberal Virgilio Barco quiso enseñarle justamente eso a un país donde el debate político había quedado adormecido por el Frente Nacional, pero su iniciativa no logró calar porque Colombia enfrentaba la amenaza narcoterrorista y esa circunstancia disparó los llamados a la unidad.  Desde entonces, todos los gobiernos, unos más y otros menos, han contado con amplio respaldo y poca oposición en el Congreso.

Por su propio talante, Álvaro Uribe animó, no siempre con buenas maneras, el debate político y empujó a un sector importante, en especial en sus dos últimos años, a la oposición. Pero Santos se negó a heredar esas peleas y abrió las puertas de la Unidad Nacional del modo más ancho posible. Para el Gobierno, sin duda es bueno, pero ¿lo es también para el país? No del todo.

Los riesgos del unanimismo son evidentes. Además, cuando un gobierno trata de complacer a tantos en temas tan complejos en los que resulta inevitable que haya diferencias de fondo, el peligro es que la búsqueda de consenso les quite a los proyectos de ley su esencia.

Un buen ejemplo es la iniciativa de la regla fiscal donde, en aras de un acuerdo con los liberales, el Gobierno le limó los dientes a una norma que buscaba garantizar el equilibrio en las finanzas públicas. Para citar de nuevo a Barco, el ex presidente liberal solía decir que el consenso mata las reformas, y no le faltaba razón.