La credibilidad, en juego

Los nubarrones venían acumulándose en el horizonte. Y un nuevo relámpago brilló ayer, cuando la firma calificadora de riesgo Standard & Poor’s anunció que les había dado perspectiva negativa a los títulos de deuda emitidos por la República de Colombia, así la nota actual se mantenga en BBB, por encima de lo que se conoce como el grado de inversión. Si la tormenta se desata o no, es algo que dependerá de lo que pase en los próximos meses, pero la advertencia está hecha.

En pocas palabras, el mensaje de la entidad es que el país tiene la obligación de hacer la tarea para mantener la casa en orden. Ello quiere decir que por cuenta de la caída en los precios del petróleo, el inmenso déficit externo y los menores ingresos fiscales, no existe más remedio que evitar que el saldo en rojo de las finanzas públicas se desborde. Y eso solo se logra mediante menores gastos y mayores ingresos.

La parte de gastos está en camino. Tal como lo ha señalado el Ministerio de Hacienda, antes de que termine el primer trimestre debería quedar definido un recorte cercano a los seis billones de pesos en el presupuesto del 2016.

Aunque algo más de la tercera parte de ese monto ya está identificada, falta la dispendiosa negociación sobre lo pendiente, lo cual incluye negociar un tijeretazo considerable con todas las carteras y departamentos administrativos. En un gabinete en el cual la solidaridad es poca y cada quien tiende a pensar a título individual y no colectivo, va a ser difícil imponer orden, a menos que la Casa de Nariño se meta de lleno en el asunto.

No menos complejo será lo atinente a los ingresos. Los cálculos que hacen entidades como Anif y Fedesarrollo demuestran que la única salida posible, del 2017 en adelante, es conseguir que el Congreso apruebe una reforma tributaria que debería aportar cerca de 18 billones de pesos adicionales, pues la olla ya no se puede raspar más.

Debido a ello, el Ejecutivo debería empezar a trabajar en una propuesta, tomando como base principal el documento que entregó la Comisión de Expertos a finales de diciembre pasado y haciendo uso de los insumos provenientes de la Ocde, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el mismo tema. Más allá de un matiz aquí o allá, el diagnóstico es el mismo de siempre: la carga sobre las empresas es muy alta y la de las personas es baja, la evasión es descomunal, y el aumento en la tarifa del IVA es algo inevitable.

El problema, claro está, es político. En momentos en que la negociación con las Farc pasa por su recta final y viene la campaña por el plebiscito que legitimaría los acuerdos que se consigan en La Habana, será fácil para la oposición juntar lo uno con lo otro y afirmar que el precio de la paz saldrá de los bolsillos de los colombianos, justo cuando la economía muestra síntomas de debilidad. Bajo esa línea de pensamiento, más de uno invitará a votar por el ‘no’, pues acabar el conflicto no sería tan buen negocio.

Sin embargo, cualquier analista independiente dirá que la tributaria es indispensable, más allá de lo que pase en la capital cubana. De hecho, el peligro es que el Gobierno resulte derrotado y no tenga la capacidad para hacer valer sus mayorías en el Legislativo.

Si eso ocurre, la advertencia hecha ayer se concretaría: la calificación de los bonos colombianos caería, la confianza que despierta el país en el exterior daría marcha atrás y podrían darse importantes salidas de capitales y nuevos saltos en el dólar, aparte de observar un alza en el costo de endeudarse.

Por tal razón, es mejor tomar en serio el campanazo de alerta. Aunque todavía no ha pasado nada grave, el mensaje es claro para un país cuyos papeles han visto subir su margen de riesgo en 29 por ciento en los mercados globales desde el arranque del año. Si no queremos seguir por ese camino, hay que comenzar a hablar con hechos y no con promesas. Porque nuestra credibilidad está en juego.

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@ravilapinto