La cuenta sube a diario

 

A comienzos de la semana pasada Anif hizo una serie de reflexiones sobre el tema pensional en Colombia, que acabaron siendo motivo de ataques por parte de diferentes sectores de la opinión.

En pocas palabras, la entidad argumentaba que la anunciada reforma al régimen existente nada que se produce, al tiempo que aumentan las obligaciones que le corresponden al país por este concepto.

Hoy en día dicho esfuerzo le cuesta al fisco más de 20 billones de pesos al año y todo indica que seguirá aumentando hasta llegar al equivalente de 6 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2030, dos puntos porcentuales más que ahora.

Las razones de esa perspectiva son varias. Para comenzar, la esperanza de vida de los colombianos ha crecido y se acerca a los 74 años, lo cual quiere decir que los aportes que durante su vida laboral hace una persona que recibe su mesada del sistema público son cada vez más insuficientes, pues los parámetros han variado.

Debido a esa situación no sólo el saldo en rojo sube, sino también el número de personas que se pasan de los fondos privados al Seguro Social, por la sencilla razón de que este es mucho mejor negocio para el afiliado, así el servicio no sea tan ágil o la demora para el reconocimiento del pago resulte más larga.

Como si lo anterior fuera poco, el uso de la tutela y la interpretación que ha hecho la rama judicial de las normas –muchas veces en beneficio propio– ha ahondado la crisis. Si en principio hay un límite a las pensiones superiores a los 500 salarios mínimos mensuales, en la práctica abundan los casos de pagos mensuales de 15 millones de pesos o más, gracias a sentencias de la Corte Suprema o el Consejo de Estado, con el decisivo apoyo de la Procuraduría General.

Tales factores han conducido a que el pasivo contingente para el Estado –que estaba en niveles cercanos al 118 por ciento del PIB en el 2009– se proyecte en un 140 por ciento para el 2014.

Semejante cuenta –y en eso no hay que hacerse ilusiones– tendrá que ser pagada por la presente y las próximas generaciones. Puede ser que parte del dinero salga de la bonanza petrolera y minera, y que otra tenga su origen en un ajuste tributario que es indispensable o en un recorte de diversos programas de gasto.

Pero más allá de la fuente de recursos, la perspectiva es que menos de dos millones de ciudadanos se lleve para su beneficio una tajada del presupuesto nacional que es equivalente a lo que ahora se destina a seguridad o a educación.

Por tal motivo, y a pesar de que es fácil hacer demagogia social con el tema de las pensiones, nada sería más equitativo que una reforma que acabe con las inequidades actuales, las cuales tienen mucho que ver con el hecho de que Colombia sea el país con la peor distribución del ingreso en América Latina.

Sólo así se podría financiar un esfuerzo que –ese sí– tendría justificación, como sería el de asegurarle una mensualidad a los ciudadanos más pobres que alcancen una edad determinada.

¿Qué elementos deberían ser tenidos en cuenta? Anif propone marchitar en forma gradual el régimen público, por la sencilla razón de que es insostenible. También habla de que los pagos que recibe un jubilado tienen que corresponder a una proporción menor de sus ingresos, para que las cuentas den. Finalmente, insiste en un aumento en las edades de retiro hacia los 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, en reconocimiento a que la gente vive más tiempo ahora.

Lograr impulsar esos cambios suena como un imposible político, a la luz del clima de agitación actual y la controversia interna que el tema crea en el Gobierno.

Sin embargo, hay que insistir en que el asunto no se puede desconocer y que es mejor empezar a trabajar en un proyecto de ley desde ahora, porque, así nadie quiera hablar de pensiones, la cuenta tendrá que ser pagada. Y está subiendo a diario.