Cuentas por cobrar

Ahora que la cuenta regresiva con miras a las elecciones presidenciales del domingo comienza la semana en seis, vale la pena referirse a lo que han dicho los candidatos finalistas en materia económica. Ese ejercicio es necesario, tanto a la luz de la realidad como de las promesas hechas, pues implican costos que no se pueden desconocer y cuya financiación es un factor de incertidumbre, algo que debería ser tratado en los debates de esta semana.

No obstante, antes de llegar allá, vale la pena tener varias cosas presentes. La primera es que la economía colombiana marcha bien, a un ritmo cercano al 5 por ciento anual durante el primer semestre. Por cuenta de la dinámica observada, en la que el sector líder es el de la construcción, ha descendido el desempleo a niveles no vistos en casi dos décadas y siguen multiplicándose las oportunidades para la actividad privada. Otros indicadores como la inflación, el déficit fiscal o la pobreza muestran mejoras significativas que no pueden ser ignoradas.

En consecuencia, la discusión no debe centrarse en solucionar una crisis que no existe, sino en mirar qué debemos hacer para crecer más rápido, por encima del 6 por ciento anual de manera sostenida. Más allá de los logros obtenidos –que son méritos, que se le deben reconocer a este Gobierno y al pasado–, es incuestionable que todavía estamos muy lejos de ser una sociedad próspera y equitativa, por lo cual el cierre de las enormes brechas que nos aquejan depende del dinamismo del ramo productivo y de contar con puestos de trabajo decentes para toda la población.

Afortunadamente, nadie está hablando de cambiar de rumbo, que es diferente a decir que todo debe continuar igual. Aparte de los ajustes requeridos para que nuestra nación sea más incluyente, es de esperar que cualquiera que sea el veredicto de las urnas, la senda trazada se mantenga en el sentido de que el país seguirá siendo responsable en cuanto a no gastar más de lo que puede o a recorrer el camino de la internacionalización.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta los peligros que nos acechan. El más evidente es el fin del ciclo alcista en los precios de los productos básicos que exportamos, lo cual se traducirá en menores exportaciones e ingresos fiscales reducidos. De cuánto será el golpe es algo que dependerá de las cotizaciones del petróleo, el carbón, el oro o el café, pero pretender que todo sigue igual es pensar con el deseo y exponerse a un impacto contra el piso.

Por tal motivo, cualquier compromiso de nuevos programas implicará no solo reemplazar los recaudos que se van a perder por cuenta del sector externo y los tributos que expiran este año. También hay que acomodar lo que dicen Santos y Zuluaga, pues ninguno ha hablado de austeridad. El primero, para dar un ejemplo, ha mencionado 300.000 casas gratis adicionales para los más pobres, cuyo valor es de unos 13 billones de pesos. El segundo se refiere a extender la jornada escolar a ocho horas, como parte fundamental de su programa de educación, algo que, si se le agregan otros componentes, ascendería a unos 8 billones.

No vale la pena entrar a discutir tales ideas en detalle, entre otras, porque la lista completa de las iniciativas que tienen tanto la Unidad Nacional como el Centro Democrático alcanzan sumas mucho más grandes. Y es que aparte de vivienda y educación, también hay propuestas en lo que hace a salud, pensiones, infraestructura, población campesina e industria y agricultura, entre otras. Poco se habla de impuestos, más allá de extender uno que otro gravamen y comprometerse a que la Dian sea más eficiente en su labor.

Pero aun entendiendo que la ciudadanía responde al escenario de un futuro mejor sin que se le diga quién lo va a pagar, en los días que faltan hasta el domingo hay que recordarles a los candidatos que hay que moderarse. Porque las promesas incumplidas también se cobran.