Cuidado con el tubo

En promedio, cada cinco días la red de 9.000 kilómetros de oleoductos y poliductos del país sufre un ataque terrorista.

En lo transcurrido de este año se han registrado 55 atentados contra la infraestructura petrolera, concentrados mayoritariamente en el Caño Limón-Coveñas y en el Transandino.

Estas estadísticas deben empezar otra vez a preocupar. Mientras que en 2016, el año en que el Estado colombiano y las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, esta modalidad de terrorismo sumó poco más de 50 incidentes, en 2018 esta estadística superó el centenar. Si el ELN y las demás bandas criminales detrás de estos ataques siguen el ritmo, al final de este año se habrían presentado una veintena adicional.

Las voladuras han sido una tradicional arma de guerra de las guerrillas y grupos armados organizados, con consecuencias que van mucho más allá de la pérdida de ingresos económicos para la Nación.

De acuerdo con datos de Ecopetrol, el oleoducto Caño Limón-Coveñas (OCC) ha sido dinamitado en más de 1.500 ocasiones en los últimos 33 años. En la última década los bombazos a los cinco oleoductos de la petrolera estatal superan el millar.

Con esa intensidad de los ataques el volumen de petróleo derramado de manera irregular en los ecosistemas del territorio nacional suma millones y millones en décadas de violencia. Tan solo en el OCC se han derramado más de 3,5 millones de barriles de crudo en diez años. Todo ese hidrocarburo ha impactado tanto los suelos como las fuentes hídricas y los peces, anfibios y aves en decenas de miles de kilómetros cuadrados en el Catatumbo, Nariño y Putumayo.

Incluso bocatomas de acueductos, quebradas y balnearios se han visto contaminadas con el negro y espeso petróleo que brota del tubo.

Este incalculable daño ambiental ratifica al ELN, y ahora las disidencias de las Farc como una de las amenazas criminales más peligrosas contra nuestro ambiente. No hay ideología nacionalista, táctica militar u objetivo estratégico que justifique este desprecio por la riqueza y diversidad ecológica del país.

Estas acciones sistemáticas de tales bandas delincuenciales constituyen un “ecocidio” contra Colombia.

A las consecuencias ambientales del terrorismo contra la red de oleoductos- sin duda las más graves y permanentes- se suman el elevado costo de las reparaciones y demás acciones de emergencia que desatan estos constantes ataques. Solo en 2018, según fuentes de Ecopetrol, la cuenta de los arreglos y las válvulas ilícitas alcanzó los 157 mil millones de pesos.

Estos recursos podrían haberse invertido en los programas sociales que la petrolera colombiana desarrolla en las regiones afectadas por los atentados.

La preocupación por los impactos ambientales de las distintas actividades crece dentro de la sociedad colombiana, en especial dentro de las generaciones más jóvenes.

La destrucción ambiental generada por los ataques terroristas contra los oleoductos debe despertar toda la indignación colectiva y no convertirse en parte del paisaje.

La mayor conciencia ambiental de la Colombia contemporánea debe agudizar el repudio social y ético que ya despiertan esos grupos armados criminales y sus prácticas destructivas de ríos, suelos y animales.

Durante el siglo pasado se quiso embellecer la guerra al petróleo, a sus empresas, a sus empleados y a sus redes de transporte con un ropaje ideológico de defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales.

Al igual que otras modalidades de terrorismo que ha sufrido la sociedad colombiana, los atentados sistemáticos contra los oleoductos terminan golpeando más la riqueza ecológica que la petrolera y energética.