No han pasado desapercibidas las declaraciones dadas en los últimos días por el nuevo ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en torno a la realidad de un sector que enfrenta inmensos problemas.
Tal como dice el funcionario, la crisis tiene dimensiones económicas, de confianza, orden y legitimidad, como desafíos inmediatos y estructurales.
Ante esa situación, los eslabones de la cadena cada vez son más débiles. Las EPS enfrentan problemas graves de iliquidez que ahora han contagiado a la red hospitalaria.
Más de una entidad ha anunciado su intención de abandonar la prestación del servicio en el régimen subsidiado, mientras que las instituciones intervenidas o en observación no han hecho más que aumentar.
Mientras tanto, los usuarios sienten que hay un deterioro en la calidad de la atención, lo cual ocasiona la presentación de propuestas de todo corte en el Congreso, muchas de ellas de giro radical.
Mantener la cabeza fría en medio de la tormenta no es fácil. Por tal motivo, Gaviria debe comenzar a actuar con prontitud, tanto frente a lo que es urgente, como a lo que es importante.
En dicha labor debe estar acompañado por la Casa de Nariño y otros miembros del gabinete, por razones políticas y de necesidad de recursos.
En consecuencia, una primera fase de decisiones consiste en una especie de transfusión, para que los inconvenientes financieros que hoy corroen los cimientos del sector no acaben derrumbando la estantería.
Por ejemplo, la práctica regular de glosar un porcentaje importante de los recobros que las EPS le hacen al Fosyga debe terminar, pues ha creado toda una bomba de tiempo.
En forma paralela, la red pública también requiere recursos con urgencia, para lo cual existe la decisión de liberar los dineros que hay en las cuentas maestras y que ascienden a 1,8 billones de pesos.
No obstante, ninguna de esas medidas será suficiente si no vienen acompañadas de la resolución gradual de temas fundamentales. De tal manera, aparte de darle sangre al enfermo, es necesario acabar con las hemorragias y cauterizar varias venas.
Por tal motivo, es indispensable la presentación de una ley estatutaria que serviría para ponerle límites a lo que puede y no puede pagar la salud.
Reglamentar el que es un derecho constitucional no significa tener un barril sin fondo, en el cual impera la práctica del todo vale, para usar la expresión de Antanas Mockus.
Sacar adelante una iniciativa de este calibre, que garantice un esquema sostenible, no es tarea nada fácil. En el Capitolio hay un pésimo ambiente en torno a las EPS, sobre todo después de que Saludcoop y las prácticas de sus antiguos administradores, de ‘consentir’ a los parlamentarios, fueran proscritas.
Además, ciertos sectores de izquierda aprovechan el río revuelto para impulsar la adopción de un sistema público, en lo que constituiría un regreso al pasado.
En consecuencia, más de un conocedor del tema ha advertido sobre el peligro de que nazca un ‘Frankenstein’, una colcha de retazos aún con más costuras sueltas que la actual.
Semejante riesgo es real y exige que la Unidad Nacional funcione.
Para citar un caso, el Partido Liberal, cada vez más influido por los vientos del populismo, tiene que adoptar una posición coherente en la que acepte el papel que jugó en la expedición de la Ley 100 y se comprometa con un modelo que tiene fallas, pero que merece sobrevivir.
Una vez pasada dicha prueba, sería conveniente una ley ordinaria, que ojalá nazca de una reflexión juiciosa. La propuesta de la Academia Nacional de Medicina de designar una comisión independiente que proponga soluciones merece ser examinada, pues parte del esfuerzo consiste en volver a construir consensos.
Solo así lo que hoy parece ser un enfermo terminal podrá ser dado de alta, pero para llegar allá hacen falta terapias de choque, medicinas y rehabilitación.
Ricardo Ávila Pinto