Por debajo de la mesa

28.08.2012 00:33 Actualizado: 28.08.2012 00:33

Cuando se habla de contrabando, muchos colombianos aún guardan la imagen casi romántica del ‘Tite Socarrás’, del vallenato de Rafael Escalona.

A este arraigo cultural en las zonas de frontera con Venezuela se suman todos los juguetes, electrodomésticos, botellas de licor, chocolates y perfumes que millones de compatriotas han comprado por décadas en los llamados ‘sanandresitos’.

Aunque la conciencia de que este comercio ilícito le hace daño al país ha crecido, la impresión generalizada es que el tráfico ilegal de mercancías es un delito sin víctimas cometido por rebuscadores.

Nada más alejado de la realidad. El contrabando es un fenómeno delictivo de la mayor sofisticación, ligado al narcotráfico y al lavado de activos, conectado con redes criminales transnacionales y con un gran impacto tanto en el empleo como en las finanzas públicas.

En especial, en las de los entes territoriales.

De hecho, el pasado jueves, en Medellín, la Federación Nacional de Departamentos lanzó su iniciativa contra esta actividad que mueve aproximadamente 12 billones de pesos al año.

Licores, cigarrillos, gasolina, ropa, zapatos, alimentos y hasta aceite de cocina son los productos más comúnmente introducidos de manera irregular al país.

Las tajadas del mercado que tienen los bienes contrabandeados son enormes e impactan al fisco y a los empresarios.

En materia de trago, por ejemplo, de las 1,5 millones de botellas de whisky consumidas el año pasado, solo la tercera parte pagó impuestos. A 58 millones asciende el número de botellas adulteradas o falsificadas.

El tabaco tiene un escenario similar: uno de cada siete cigarrillos que se fuman en el país es de contrabando.

Más aún: la mayor parte de esas cajetillas ilegales provienen de Paraguay y entran al territorio nacional por Aruba y la zona franca de La Guajira.

Las modalidades en las que se presenta este delito son, así mismo, variadas: el ingreso no declarado de las mercancías por las fronteras, el fraude en las declaraciones de entrada, la adulteración y falsificación de los productos, y el pago incompleto de los impuestos generados.

Las autoridades han identificado nexos entre estas rutas de contrabandistas y frentes guerrilleros de las Farc y del Eln, así como verdaderas mafias organizadas alrededor de este tráfico.

Si bien los impactos al empresariado formal y al empleo son sabidos tras años de campañas de concientización, la tronera que sufren las finanzas departamentales no es muy conocida.

La Federación de Departamentos calcula en un billón de pesos anuales las pérdidas de las arcas territoriales por los cigarrillos y licores ilegales.

A diferencia de las ciudades que cuentan con un abanico diverso de fuentes tributarias, la estructura fiscal de los departamentos colombianos es altamente dependiente de estos impuestos al consumo.

Lo peor de todo es que tales recursos se destinan a la salud y educación. Esa es la mayor motivación para el lanzamiento del programa anticontrabando, que cuenta con un importante respaldo financiero: 99 millones de dólares durante los próximos 20 años, producto de un acuerdo con una firma tabacalera.

El combate a este fenómeno necesita la participación de diferentes autoridades: la Dian, la Policía y la Fiscalía, tanto como el control en las vías.

Además de sus consecuencias fiscales y el debilitamiento institucional de los departamentos, las ramificaciones de las bandas del contrabando configuran un problema de seguridad que involucra a actores armados y al crimen transnacional.

No solo es necesario, entonces, conocer más a fondo este comercio ilícito y evaluar la eficiencia del marco legal y normativo, sino también fortalecer las investigaciones judiciales sobre los cabecillas de tales redes. Igualmente, es prioritario cambiar esa percepción benévola del contrabando como un delito blando, de aficionados y que no le hace daño a nadie.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co