Un debate que no para

Han transcurrido cuatro días desde cuando el Procurador General decidió suspender e inhabilitar al Alcalde de Bogotá, y pareciera que en el país no se habla de otra cosa. Por cuenta de la determinación del Ministerio Público, ni siquiera los funerales de Nelson Mandela recibieron el cubrimiento que han tenido en buena parte del mundo, en donde se siguen haciendo reseñas de quien es uno de los grandes en la historia contemporánea del planeta.

Y la obsesión con el tema no se restringe a los ciudadanos colombianos. Al menos así lo sugieren las opiniones de Todd Howland, delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien hizo declaraciones en Bogotá que le valieron un fuerte rechazo por parte del Gobierno. También habló el nuevo embajador de Estados Unidos, quien ante un Comité del Senado en Washington, advirtió que lo ocurrido podría erosionar el proceso de paz, rompiendo -sin haber sido confirmado ni presentado credenciales- aquella regla de la diplomacia según la cual no hay que inmiscuirse en los asuntos internos de otra nación.

El paso en falso de ambos funcionarios internacionales se suma a la incomprensible actitud de algunas autoridades en Colombia. Tal vez la más inquietante de todas es la del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien ahora quiere involucrarse en una pelea que no le corresponde del todo. Si ya había sido criticable su talante revanchista ante las acusaciones que hizo hace unas semanas la contralora, Sandra Morelli, al afirmar que siguió recibiendo pagos de Saludcoop, ahora la cabeza del ente acusador busca hacer más estruendoso el conocido “choque de trenes”.

Tales posturas tienen mucho de absurdo, por varias razones. La primera es que una cosa es la discusión sobre la sanción que recibió Gustavo Petro y otra es el debate sobre las facultades con las cuales cuenta la Procuraduría. Ambas son legítimas, pero con el giro que ha tomado la discusión, argumentos que deberían seguir caminos diferentes se han entremezclado, convirtiendo solamente en político un asunto que tiene, además, ramificaciones jurídicas y constitucionales.

En el caso del castigo al inquilino del Palacio Liévano, lo más responsable sería esperar a que se conozca el expediente que motivó una providencia que parece excesiva, pero que solo se puede calificar hasta cuando sea pública. Lamentablemente, tal como ocurre en el país, la gente tiende a formar su criterio y los líderes de opinión a expresar sus planteamientos, sin tener la mayoría de elementos a la mano.

Por su parte, la discusión sobre el que debería ser el rol del Ministerio Público es urgente y necesaria. Es incuestionable que un esquema al cual es difícil encontrarle paralelos en otros países ha hecho crisis, por la ausencia de una segunda instancia y la falta de una buena tipificación de las conductas punibles, algo que deja un espacio muy amplio para que el procurador de turno defina qué es una falta disciplinaria y qué no.

El punto más crítico es el de los errores de los gobernantes en el desempeño de sus funciones. Volviendo al caso de Bogotá, no hay duda de que la administración de Gustavo Petro se equivocó a la hora de poner en marcha el nuevo modelo de manejo de las basuras, pero la inquietud es si una gestión mediocre es causa de destitución, sobre todo cuando -al menos sobre el papel- existe un mecanismo de revocatoria mediante el cual los ciudadanos pueden pronunciarse sobre la continuidad de un alcalde.

Sin embargo, mientras no se cambien, las reglas de juego son las que son. Y estas, de hecho, no habían generado un gran debate, a pesar de los centenares de personas castigadas e inhabilitadas hasta ahora. Por eso hay que tomar la controversia con una pizca de sal, sin mezclar unas cosas con otras y evitando de plano que el país pierda el que ha sido un instrumento que, bien usado, es un arma clave en la lucha contra la corrupción.