Un debate que hay que dar

Hace pocos días, la Universidad Externado presentó una ambiciosa investigación sobre uno de los sectores más controvertidos de la economía del país: la minería. El trabajo contiene diferentes miradas académicas y multidisciplinarias relacionadas con las actividades extractivas, contenidas en cinco tomos que son un verdadero caleidoscopio con respecto a la riqueza del subsuelo, la organización del territorio y el equilibrio ambiental.

La obra ‘Minería y Desarrollo’ se aproxima al sector desde sus aspectos jurídicos, el medioambiente, sus características empresariales, la conflictividad social que rodean sus impactos y la gobernanza territorial. Dado el alcance de la investigación, este espacio se queda corto para analizar cada capítulo en detalle. No obstante, varias reflexiones se destacan de los textos que deben iluminar los futuros debates que la sociedad colombiana dará sobre el tema.

Justo cuando las decisiones de la Corte Constitucional han afectado tanto a los grandes como a los pequeños mineros, el tema del ordenamiento jurídico para el sector es ineludible. Las definiciones de la minería artesanal, por ejemplo, marcan, desde lo legal, la diferencia para miles de ciudadanos entre ser trabajadores informales con años de tradición y convertirse en delincuentes en la mira de autoridades. Normas que cobijen la titulación, la exploración, la carga tributaria, la explotación y la vigilancia ambiental son tan necesarias hoy, tanto en medio del desplome de precios como del auge pasado.

Hay equilibrios difíciles de encontrar. En Colombia las áreas protegidas y de interés ecológico se sobreponen a los títulos y solicitudes mineras. Al mismo tiempo, se calcula que se emiten 180 toneladas anuales de mercurio derivadas de la extracción artesanal del oro. Mientras ciertas sanciones se han convertido en instrumentos ineficaces, queda la pregunta de cómo resolver la tensión entre un territorio biodiverso como el colombiano y la riqueza natural de su subsuelo.

La agenda del ramo ha venido siendo marcada por una creciente presencia de las comunidades y de los conflictos sociales. La mayoría de proyectos están ubicados en municipios pequeños con débil presencia estatal. El ‘ecosistema’ que hoy enfrentan las empresas es más complejo que nunca e incluye ONG, autoridades locales, activistas ambientales o grupos ilegales.

Un camino que se incluye en la investigación del Externado es el de la transparencia frente a los beneficios y los impactos que traen los proyectos mineros a los territorios. Dos terceras partes de los colombianos consideran que las comunidades deberían tener injerencia sobre la decisión de extraer recursos naturales en sus localidades, un sentimiento que parece compartir, en parte, la Corte Constitucional, pero que puede dar origen a complicaciones, particularmente en aquellos sitios en donde la institucionalidad es débil.

Por último, y no menos importante, la serie aborda la gobernabilidad de los territorios mineros. En la mayoría de ellos los más básicos instrumentos de planeación y ordenamiento territorial no son usados. Para citar un caso, de los 60 municipios donde se extrae carbón a cielo abierto solo en 28 se establecen directrices para regular su explotación. Además, la tensión entre el Gobierno Central y las autoridades locales no para de crecer.

Por tal motivo, hay que trabajar con más ahínco en eliminar las zonas grises. En momentos en que la actividad minera está de capa caída y las inversiones disminuyen, se requiere un marco mejor que el actual.

El aporte del Externado al debate sobre la minería en Colombia es incalculable. Su contribución se sintoniza con el objetivo de la academia: plantear las cuestiones más álgidas, visualizar las tensiones del futuro y abordar un sector productivo controvertido y que viene acompañado de oportunidades y peligros. El debate está abierto. Es hora de darlo.

@ravilapinto