La democracia en alerta

 

Aunque ya pasó una semana desde cuando estalló el escándalo, todavía resuenan en el país las expresiones de preocupación por los hechos acontecidos en Cali, en torno a la inscripción de candidatos a la alcaldía de la ciudad. Según la Registraduría, un muestreo de las firmas presentadas por dos aspirantes independientes –incluyendo a quien lidera las encuestas– demostró que había un número considerable de rúbricas inválidas por diferentes causas contempladas en las normas.

Pero al tiempo que el organismo sostenía estos argumentos, surgieron denuncias de presiones y solicitudes de dinero por parte de funcionarios, para validar las dos inscripciones.

Los hechos fueron destapados por los candidatos afectados, los medios de comunicación y el propio Presidente de la República, quien exigió una revisión, lo que al final conmovió al registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, y al Consejo Nacional Electoral. Algunas cabezas rodaron y ahora la revisión de las firmas de respaldo de las dos aspiraciones se realiza, ya no por muestreo, sino en su totalidad.

Más allá del desenlace, lo ocurrido debe servir de alerta sobre esta nueva modalidad de corrupción, consistente en poner en duda los documentos que respaldan la inscripción de un candidato, para luego exigirle dinero a cambio de dar vía libre a su aspiración.

En el caso de Cali, a esta circunstancia suficientemente grave, se agregan denuncias muy delicadas en el sentido de que un ex senador de la región, que se encuentra encarcelado –pero que disfruta periódicamente de permisos que le permiten visitar a sus amigos y repartir dinero–, estaría detrás de la conspiración, para así garantizar la victoria de la aspiración que patrocina.

Todo esto sucede con el telón de fondo del debate sobre los avales, que fueron otorgados primero y luego eliminados, por las directivas de diferentes partidos políticos a cientos de candidatos.

Personajes con vínculos con el paramilitarismo, parientes de políticos presos y condenados por corrupción que los reemplazan, ex funcionarios con oscuro pasado en el sector público, hacen parte de la lista de eliminados que, sin incumplir normas expresas al inscribirse, deben en todo caso ser rechazados por los partidos por razones de conveniencia.

Por décadas, el sistema electoral colombiano ha sido afectado por fenómenos como la compra de votos.

Esta práctica resultó debilitada –que no eliminada– por la introducción del tarjetón, pues para quien paga, es mucho más difícil verificar que el sufragante sobornado lo haga en el sentido convenido. En el pasado, el operador político entregaba la papeleta al votante y le exigía que la mantuviera a la vista mientras hacia la cola para depositarla.

Esa práctica fue en parte desplazada por otras más acordes con las novedades tecnológicas. Apareció el fraude electrónico, por medio del cual, por ejemplo, muchos votos desaparecen entre el conteo preliminar hecho en la urna por los jurados, y la llegada de esa información por vía electrónica a los computadores de la Registraduría.

También se habla de la sustitución de formularios entre un punto y otro. Jugadas sucias como ésta han torcido en muchas ocasiones las intenciones del electorado, en una operación en la cual el candidato favorecido gasta decenas de millones de pesos en corromper funcionarios.

Lo ocurrido en Cali, que parece marcar una nueva modalidad delictiva, debe llevar al Gobierno, a los legisladores y a las autoridades electorales a reflexionar sobre los mecanismos de seguridad que urge establecer para ponerles talanquera a estas prácticas. Estos hechos demuestran que para derrotar a la corrupción, hace falta mucho más que publicitadas ruedas de prensa, con el Presidente y las cabezas de los organismos de control en escena.

El sistema electoral sigue siendo enormemente frágil y, con él, se hace débil la democracia colombiana.