La devolución de Emcali

12.06.2013 03:50 Actualizado: 12.06.2013 03:50

El 4 de abril del 2000, hace más de 13 años, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la intervención administrativa de Emcali.

La razón fue la difícil situación financiera de la entidad que, sin los recursos para cumplir sus obligaciones, ponía en peligro la prestación de los servicios públicos en la ciudad de Cali y su área de influencia.

Tan prolongada intervención, inédita, inexplicable y con múltiples cuestionamientos, tendrá punto final el próximo 3 de julio, aniversario del grito precursor de la Independencia en Santiago de Cali, fecha elegida por el presidente Santos para devolver al municipio el control y la administración de Emcali, el principal y más valioso patrimonio público de los caleños.

En algún momento, la Alcaldía deberá mirar el pasado para hacer la debida diligencia de la empresa que le devuelven, así como una completa evaluación de los 13 años de intervención –sobre todo de los primeros periodos cuando desde el Gobierno Nacional se repitieron los manejos clientelistas y poco transparentes que casi la llevan a la quiebra– y que no solucionaron sus problemas estructurales.

Hoy, es más urgente mirar hacia delante, pues son grandes los retos que enfrenta la administración municipal para lograr que la compañía no solo garantice la prestación de servicios de alta calidad, sino que vuelva a ser una importante fuente de utilidades para la ciudad, como lo son las empresas públicas de Medellín y Bogotá.

Desde el punto de vista financiero, Emcali es una firma saneada, ya que, a costa de retrasar los programas de inversión, se logró cancelar casi la totalidad de las deudas con acreedores privados.

La obligación que mantiene ahora es con la nación, por un poco más de un billón de pesos, pero la empresa cuenta con la generación de recursos suficientes para cancelarla en el plazo de 10 años que se ha planteado con el Gobierno.

Las unidades de negocio de distribución de energía, acueducto y alcantarillado son perfectamente viables, y allí el desafío es hacer las inversiones para garantizar la calidad y expansión del servicio a una metrópoli en crecimiento, y para disminuir las pérdidas de energía y agua, que siguen siendo cuantiosas.

El negocio en riesgo es el de telecomunicaciones, dado que las presiones de los políticos de la ciudad no permitieron que en 13 años se lograra una alternativa para hacer frente a los acelerados cambios del sector y a la competencia del cuasimonopolio de la telefonía móvil.

La escisión del componente de telecomunicaciones, para conformar una nueva empresa que pudiera ser capitalizada por un socio estratégico, era uno de los requisitos impuestos por el Gobierno Nacional para la devolución de la compañía.

Con realismo político se levantó esta condición para evitar los chantajes de la clase política, pero ahora le corresponde al Alcalde lograr esa aprobación en el Concejo de la ciudad.

Precisamente, el principal reto que debe enfrentar Emcali es garantizar su gobernabilidad como entidad pública. En el pasado, el manejo a favor de los intereses particulares de políticos, contratistas y sindicalistas llevó a una privatización de hecho, y casi a su quiebra.

Ahora, es necesario que se independice de todos esos fines particulares, y con una administración profesional y técnica sea dirigida solo en función del bienestar de la ciudad y sus habitantes.

Para ello, será definitivo el código de buen gobierno que debe adoptarse y la total transparencia en los multimillonarios contratos que se ejecutan en una organización de estas dimensiones.

Ambas cosas dependen de la calidad e independencia de los administradores –gerentes y junta directiva–, que deben ser elegidos mediante procesos de selección técnicos y blindados frente al clientelismo, la politiquería y demás intereses particulares. El futuro de Emcali depende de ello.

Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co