Enero es época de fichajes.
Y aunque los más destacados son los que suceden en los equipos de fútbol que reajustan sus escuadras con miras a la temporada que viene, hay otras áreas en las que llegan importantes refuerzos.
Eso es lo que acaba de ocurrirle al Gobierno de Juan Manuel Santos, quien acaba de contratar a un par de ‘jugadores’ de primera línea para dos posiciones clave.
El primero es el exministro Fernando Carrillo, quien vuelve a Colombia después de estar vinculado al BID.
Conocido por ser uno de los padres del movimiento constituyente que desembocó en la promulgación de la Carta Política de 1991, este brillante abogado tendrá a su cargo la recién creada Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
No menos importante es la vinculación de María Margarita Zuleta, como directora de la Agencia Colombia Compra Eficiente, que también nació gracias a las facultades extraordinarias que permitieron adelantar una profunda reforma del Estado a finales del 2011.
Tras haber estado a cargo de la Oficina contra la Corrupción y de haber pasado por el sector privado, es notable que haya decidido retornar a la administración pública.
La razón es que las entidades mencionadas tienen un rol fundamental para el país. En el caso de la Agencia Jurídica se trata de enfrentar los más de 260.000 procesos judiciales que hoy hacen curso en contra de la República de Colombia.
Según cálculos gubernamentales, el valor conjunto de tales demandas asciende a 1.028 billones de pesos, casi dos veces el monto del Producto Interno Bruto o más de seis veces el presupuesto nacional del 2012.
Detrás de tales pretensiones, hay reclamaciones justas, al igual que anzuelos que pescadores han decidido lanzar en el río revuelto de la desidia oficial. No faltan los litigantes que con el apoyo de un juez amigo buscan quedarse con una tajada importante del erario, ante lo cual hay que saber responder en los estrados.
En lo que va del siglo, el monto de las condenas asciende a 3,6 billones de pesos, de acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda.
Ante la posibilidad de que las indemnizaciones se conviertan en una vena rota que pondría en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas, es necesario reaccionar en forma profesional.
Ese es el desafío de Fernando Carrillo, cuya función será la de unificar las políticas de defensa jurídica, así como coordinar la estrategia en ciertos casos de interés estratégico. Eso no quiere decir asumir todos los procesos que cursan en contra de las 228 entidades que conforman el orden nacional, sino estar al tanto de lo que ocurre y pasar a la ofensiva en circunstancias especiales.
A su vez, Colombia Compra Eficiente tiene otro tipo de reto. Este consiste en garantizar que las compras estatales se hagan al mejor postor, en condiciones de transparencia e igualdad, sin que aparezca la corrupción.
Desde hace años, las páginas de los periódicos abundan en historias de bienes o servicios adquiridos con sobreprecio, en lo que también constituye un enorme desperdicio de recursos públicos.
Aunque el desafío parece descomunal, otros lo han logrado. Chile, por ejemplo, logró reducir en 20 por ciento lo que se gastó en compras, mediante el buen uso de sistemas de información y la adquisición en bloque de productos.
Si se tiene en cuenta que Colombia gasta al año 41 billones de pesos por este concepto, es indudable que el potencial de ahorro es descomunal. De hecho, la meta es ganarse un 10 por ciento, lo cual equivale a lo que genera una buena reforma tributaria.
Mover los engranajes para que las agencias citadas empiecen a operar no será fácil. A pesar del empeño presidencial, pasará un tiempo antes de que se puedan conformar plantas de personal y adecuar instalaciones. No obstante, en el propósito de hacer las cosas bien, es clave tener buenos líderes y empezar con el pie derecho. Eso es lo que acaba de ocurrir en esta oportunidad.